Los ayuntamientos y el IBI

Desde hace algún tiempo, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se está convirtiendo en azote para las ya de por sí deterioradas economías de los contribuyentes. Y ustedes se preguntarán: ¿Por qué esta tasa sube todos los años? Pues bien, aunque los ediles de nuestros municipios suelen culpar de ello al Ministerio de Hacienda al afirmar que dichos incrementos se basan en la actualización catastral de los bienes inmuebles, la realidad es que generalmente los ayuntamientos, año tras año, suelen modificar al alza el tipo impositivo de este impuesto (la Ley de Haciendas locales dice que no debe ser inferior al 0,4 por ciento ni superior al 1,3), más si tenemos el cuenta la precariedad económica por la que atraviesan la mayoría de las arcas municipales. Por eso los dirigentes locales no se cortan ni un pelo a la hora de utilizar las competencias que tienen al respecto para aumentar desproporcionadamente el ya impopular IBI. Me viene ahora a la memoria el debate suscitado en una sesión plenaria celebrada por el Ayuntamiento de Collado Villalba el 6 de noviembre de 2008, cuando el alcalde, José Pablo González, anunció que subirían el tipo impositivo del IBI del 0,62 al 0,65 porque el Índice de Precios al Consumo (IPC) se había incrementado en un 4,3 por ciento (el país ya estaba metido de lleno en la actual crisis económica y teníamos más de tres millones de parados). Obviamente, este punto lo sacó adelante gracias a los votos de su partido, el PSOE, pues el resto de los grupos de la oposición votaron en contra. La pregunta es de cajón: este año que no hay subida del IPC, ¿se atreverá este regidor a bajar ahora dicho impuesto? Ya les adelanto que no, porque la mayoría de los ayuntamientos no tienen más remedio que incrementar al máximo la presión fiscal sobre sus ciudadanos para así poder hacer frente tanto a la caída de sus ingresos como al despilfarro en los gastos. Esta es la realidad; el resto, como dicen en mi tierra, sonche contos.

Corrupción política y declaración de bienes

Según datos manejados por la Fiscalía Anticorrupción, los casos de corrupción, al menos los relacionados con entidades municipales, se han incrementado este año un cien por cien, Ahí, aún bastante calentitos, tenemos los casos Gürtel, Palma Arena, la imputación y detención de la mayoría de los miembros del Ayuntamiento gallego de Castro de Rei o la operación Pretoria 2, vinculada con importantes políticos catalanes, entre ellos el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet. Y aquí podríamos decir sin miedo a equivocarnos lo de “...y lo que te rondaré morena”, porque esto es algo así como las ‘meigas’, haberlas, haylas y de encontraylas ya se encargarán jueces y fiscales que tienen la obligación legal y moral de actuar eficazmente contra aquellos que, aprovechándose de la confianza de los ciudadanos, ejercen una doble moral para que así prevalezca la oportunidad política sobre otros valores como el de la honestidad y la honradez. Si no se actúa con firmeza contra los corruptos, esta lacra seguirá propagándose ante la falta de concreción de las leyes, o un excesivo poder discrecional que puede crear cierta debilidad en el Estado de Derecho.

Una de las medidas encaminadas a frenar la corrupción política vino de la mano de la Ley de Suelo propuesta por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, por la que se obligaba a los alcaldes y concejales de los más de 8.000 ayuntamientos españoles a que, a partir de 2007, hiciesen público su patrimonio, sus ahorros, sus propiedades y hasta su declaración de Hacienda. Que uno recuerde, sólo los munícipes de Sevilla, Gijón y Oviedo dieron el paso adelante; el resto han pasado del tema basándose en que el ‘Estatuto municipal’, que era el que iba a regular esta ley, no existe en los ayuntamientos, una hábil manera de quitarse el muerto de encima. De todas formas, les diré una cosa más: esta normativa elaborada supuestamente para frenar el fraude tenía y tiene sus fallos; el más importante es que los ediles sólo se verían obligados a reconocer los bienes que se encuentran escriturados a su nombre, cuando es común en muchos de ellos ocultar su patrimonio poniéndolo a nombre de sus hijos, amigos o albaceas.

Baja la mortalidad en Madrid

Para finalizar, y previa aclaración que siempre me ha gustado más escribir sobre vivos que sobre muertos, pero ya que nos encontramos en estas vísperas de la festividad de Todos los Santos y de obligada visita a los cementerios, creo que hasta resulta gratificante hacernos eco de la noticia que acaba de publicar la Asociación Nacional de Servicios Funerarios: “La tasa bruta de mortalidad en la Comunidad de Madrid en 2008 fue la más baja de todas las regiones españolas, con un 6,21 por ciento, lo que la situó por debajo de la media nacional fijada en el 8,47 por ciento”. Así pues, a partir de ahora, al popular dicho de Madrid al cielo, en función de estas estadísticas, bien podríamos añadirle: “y cuanto más tarde, mejor”. ¿No les parece?