La ampliación de las líneas C-8 y C-10

El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Ferrocarriles, ha hecho público el estudio relacionado con el incremento de la capacidad de la línea de ferrocarril, nudo Pinar de las Rozas-Villalba y la duplicación del tramo Villalba-Alpedrete, ambos incluidos en la mejora de las líneas C-8 y C-10 de la red de Cercanías.

Como publicó recientemente nuestro periódico, los municipios más afectados por este proyecto son Torrelodones, Galapagar, Collado Villalba y Alpedrete, cuyos vecinos han empezado a mostrar cierta preocupación por las implicaciones sociales y medioambientales que puedan ocasionarles en el futuro estas obras. Entre las propuestas realizadas al respecto, destacan aquellas encaminadas a minimizar la afección a los vecinos residentes en las proximidades a las vías de ferrocarril y, sobre todo, que no se propongan alternativas relacionadas con la expropiación de terrenos. Vecinos por Torrelodones y Galapagar Verde y Sostenible han remitido un amplio informe al Ministerio de Fomento en este sentido.

Lo que a mí me sorprende es que, al menos hasta ahora, los ayuntamientos de Collado Villalba y Alpedrete aún no se hayan pronunciado al respecto; dos términos municipales que comparten la propiedad de una amplia franja que incidirá sobre todo en los barrios de El Gorronal y Los Negrales, donde la proximidad de las viviendas a la línea férrea puede provocar los siempre desagradables expedientes de expropiación forzosa, salvo que la Dirección General de Ferrocarriles opte por otras alternativas de alto coste y técnicamente más complicadas, como el soterramiento de las vías a través de túneles o falsos túneles en una gran parte del tramo comprendido entre la estación villalbina y la de Mataespesa.
“Algo tendrá el agua cuando la bendicen”, dice el refrán. Y algo tendrá el alcalde de Collado Villalba, José Pablo González, cuando él solito es capaz de irritar y disgustar no sólo a los colectivos sociales más importantes de la Sierra del Guadarrama, sino también a los grupos políticos de izquierdas, a sindicalistas e incluso a personajes de la cultura como Benito Rabal (director de cine), Roberto Montoya (escritor y periodista), Eneko de las Heras (dibujante), Miguel Jara (periodista y ensayista) y Manolo Gari, pues todos ellos respaldan la manifestación promovida por Foro Social de la Sierra del Guadarrama contra el alcalde villalbino, convocada para mañana, a las siete de la tarde, en la plaza de la Estación, donde sus promotores van a pedir la dimisión de González al frente de la Alcaldía por “sus actuaciones antidemocráticas, represivas y de acoso y manipulación”.

El manifiesto denuncia también la obra del túnel-parking de Honorio Lozano, que ha llevado a la ruina a la hacienda municipal; la celebración de los plenos por la tarde para que puedan asistir los vecinos; la ubicación del futuro hospital en los terrenos del Caño de la Fragua; la pérdida irreparable de la masa arbórea en esta localidad; la paralización del proyecto de los carriles bici; el acoso del Ejecutivo al modelo participativo de Radio Villalba y a la Fábrica de Sueños; la connivencia del alcalde con la Comunidad de Madrid para implantar un hospital de gestión privada; el regalo hecho a la UDIMA (universidad privada) de unos terrenos de propiedad municipal para que se instale en este municipio; despidos a trabajadores municipales por exigir sus derechos, etc., etc.”
Debo confesar que estoy de acuerdo con el contenido del manifiesto (nuestro periódico ha venido denunciando en los últimos años la desastrosa gestión de José Pablo González al frente del Ayuntamiento), y no me importaría suscribir lo publicado por Foro Social en el punto final del documento: “Estamos preocupados por la falta de diálogo y entendimiento que nos muestra el alcalde, y por la falta de salud democrática y de libertad que se respira en nuestra ciudad”. Yo que González empezaría a preguntarme el por qué de esta repulsa progresista.

Según datos oficiales, 1.051.495 escolares han retornado ya a las aulas en la Comunidad de Madrid. Primero lo hicieron Infantil y Primera y el lunes le correspondió el turno a los de Secundaria y Bachillerato. A título estadístico y anecdótico les diré que el 59,58 por ciento de este millón de alumnos irán a centros públicos; el 27 por ciento a concertados y el 13,3 por ciento a privados. Los inmigrantes, que suman 149.904 (menos que el curso pasado) se reparten así: 76,4 por ciento en la escuela pública; 18 por ciento en la concertada y sólo el 6 por ciento en la privada.
“Maestros con menos autoridad y alumnos con más indisciplina” es el retrato robot más reciente de las aulas, lo que hace que uno de cada cinco docentes sufra el síndrome del profesor quemado, cuyos síntomas son: agotamiento físico y psíquico, dolor de cabeza y baja autoestima. Esperemos que la Ley prometida por Esperanza Aguirre entre pronto en vigor y les ayude a superar estos males.