La autoridad pública de los docentes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, entiende que hay que recuperar en la escuela, en los colegios y en los institutos el valor de la autoridad del profesor, y a tal fin anunció el pasado martes, durante el Debate sobre el Estado de la Región, que otorgará a los profesores el rango de autoridad pública por medio de una Ley de Autoridad del Profesor.

Esta ley reconocerá a los docentes su condición de autoridad pública, lo que supondrá, entre otras cosas, que la agresión a uno de ellos podría ser castigada con penas de prisión de dos a cuatro años; que la Fiscalía persiga de oficio los delitos cometidos contra el profesorado y tendrán la presunción de veracidad.

Aunque algunos contestatarios hayan puesto algún pero a este proyecto de ley, la mayoría de los ciudadanos consideramos este proyecto como la mejor medida para acabar con el caos de violencia habido durante los últimos años en las aulas y la falta de respeto e indisciplina mostrados por el alumnado, algo de lo que se han venido quejando insistentemente los docentes, al verse sin autoridad para poder corregir estas conductas.

Obviamente, mucha culpa de todo esto la tienen las familias, dada la falta implicación mostrada por muchos progenitores en el proceso escolar de sus hijos, y también la propia Administración, que a la hora de corregir este tipo de transgresiones ha optado por inhibirse.

Pero lo más lamentable es que por culpa de unos o de otros -y eso es lo que se desprende de los datos facilitados por el Defensor del Profesor-, durante el pasado curso un 2 por ciento de los profesores denunció haber sido agredido por padres de alumnos y casi un 20 por ciento haber recibido amenazadas por parte de los familiares de los propios escolares.

La grave situación financiera por la que atraviesa el Ayuntamiento de Collado Villalba es responsabilidad de sus administradores (Equipo de Gobierno) porque si las matemáticas no mienten, al menos durante los dos últimos años se han gastado más de lo que han ingresado, un hecho que nos parece reprochable si, como dicen algunos miembros de la oposición, este desfase ha sido maquillado y por tanto ocultado a sus representados.

La contabilidad municipal está ahí y millón arriba, millón abajo, el déficit de la tesorería local, al menos oficialmente, ya supera los 30 millones de euros (unos 5.000 millones de pesetas). Y mucho me temo que esta ruina galopante aún pueda empeorar con el Plan de Saneamiento Financiero presentado el pasado 30 de julio por el alcalde, José Pablo González y que sólo fue respaldado por el Partido Socialista; un documento cuya vigencia es de seis años (los que vengan detrás que apechuguen con el pastel) y que, fundamentalmente, está basado en una operación de crédito de 13,2 millones de euros (a más deuda, más intereses, y por tanto más presión fiscal para los villalbinos). En segundo término contempla el alquiler de los terrenos municipales del Caño de la Fragua por 1,2 millones a una empresa comercializadora (se dice que la operación está a punto de cerrarse) a fin de promover una gran superficie comercial, propuesta que, según anunciábamos la semana pasada en nuestro periódico, puede anular la Comunidad de Madrid caso de que el estudio medioambiental realizado sobre la finca de La Chopera no fuera favorable para ubicar en esta zona el futuro hospital comarcal. De momento, el Ejecutivo regional ha solicitado información sobre estos terrenos que, además al ser de titularidad pública y dominio público, sólo admiten proyectos de tipo social: mataderos, mercados, lonjas, hospitales, museos, cementerios, etc. El tercer punto se centra en medidas presupuestarias, fiscales y de contención del gasto público, la mayoría de ellas inviables y que por ello no creo que merezcan comentario alguno.

Negro futuro, pues, para la capital de la Sierra, y de forma muy especial para su Ayuntamiento, cuyas arcas están en la ‘UVI’ y al borde del colapso.

El primer borrador o pre-avance del Plan General de Galapagar ha conseguimos lo que muchos intuíamos: enfrentar al Ejecutivo con los tres grupos de la oposición. Las versiones son para todos los gustos y así, mientras el alcalde, Daniel Pérez, pide calma y habla de “un plan menos ambicioso que el anterior (rebaja el número de viviendas a menos de la mitad) y que apuesta por dotar al municipio de suelo terciario para que puedan instalarse empresas, parques empresariales, comerciales y de ocio”, PSOE y Activa responden que “es cierto que presenta una cara más amable al recoger menos superficie edificable, pero reservan más de 300 hectáreas para cuando vengan tiempos mejores”. El concejal independiente José L. Barceló lo tacha de “agresivo con el Parque Regional”. En fin, pese a opiniones tan dispares, yo confío que al final la sangre no llegará al río y habrá consenso, porque de lo contrario Galapagar habrá perdido otra vez el tren de su desarrollo futuro.