Medidas urgentes contra el ‘botellón’

Wikipedia califica el botellón como “la costumbre extendida en España desde finales del siglo XX, sobre todo entre jóvenes, de consumir bebidas alcohólicas, refrescos, tabaco y otras drogas en grupos numerosos en la vía pública”.

A esto yo le añadiría: y con el consentimiento de muchos responsables municipales que ahora, tras los salvajes y desagradables incidentes producidos el pasado fin de semana en Pozuelo, empiezan a dar marcha atrás, anunciando medidas tendentes a impedir la proliferación de este tipo de juergas durante fines de semana y festivos. El Ayuntamiento de Móstoles, aprovechando la celebración de las fiestas patronales, ha dado el primer paso al implantar videovigilancia en aquellas zonas donde pueda producirse una mayor concentración de público, además de cortar el baile a las cuatro y media de la madrugada, porque, según el concejal de Festejos, “al final las estadísticas dicen que a determinada hora es cuando empiezan los altercados y los problemas”. A ver si cunde el ejemplo en otros consistorios, como por ejemplo el de Collado Villalba, donde se sabe cuando empiezan las verbenas pero nunca cuando terminan; donde no se respeta el descanso de los vecinos y donde los botellones abundan y también los menores consumiendo alcohol en parques como el de Las Bombas, Romacalderas y Los Aromas; en el aparcamiento de Carrefour o en descampados próximos a la estación de Renfe.

Recuerdo cuando en 2002, tras los primeros problemas sociales generados por el botellón, el Ministerio del Interior, del que dependía el Plan Nacional sobre Drogas, propuso la ley anti-botellón, que prohibía el consumo de bebidas alcohólicas en la calle y además regulaba los horarios de venta y promoción del alcohol. Pues bien, ante las críticas suscitadas, esta ley no salió adelante. Sin embargo algunas comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Valencia y Castilla León, aprobaron posteriores regulaciones que iban en esa dirección, sobre todo en cuanto tuviese relación con la venta de bebidas alcohólicas a menores, medidas que fueron criticadas por muchos políticos progresistas. De ahí la tolerancia mostrada por algunos alcaldes a la hora de no perseguir a las fiestas del botellón, algo que achacan a un simple problema de ideología. Ni que Pablo Iglesias o La Pasionaria, por poner un ejemplo, se hubiesen dedicado en su años mozos a beber calimochos o a fumar porros en la vía pública.

Según el informe elaborado por la interventora municipal de Colmenarejo, tras el cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2008, el Ayuntamiento de esta localidad se encuentra al borde de la quiebra técnica tras presentar un déficit de casi millón y medio de euros y un remanente negativo de unos 800.000. Tanto es así, que la interventora hace un informe en el que dice que “no se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, por lo que se debe dar traslado de la situación a la Dirección General de Coordinación Financiera con la Entidades Locales”.

La situación creada, lógicamente, preocupa y mucho a los vecinos de esta localidad conscientes de que al final, pase lo que pase, van a ser ellos los que tengan que pagar, vía impuestos, los desmadres económicos y el despilfarro promovido en estos últimos 10 años por el gobierno de coalición (APIC, PSOE e IU) que preside Mª Isabel Peces Barba, una política acostumbrada a hacer y deshacer a su antojo. Prueba de ello es que en esta misma legislatura, cuando ya se veía venir la crisis, se subió su sueldo el 23 por ciento y a dos ediles del Ejecutivo se lo dobló recientemente, además de contratar a dos cargos de confianza, cuyos servicios eran prescindibles y que suponen para la tesorería municipal un coste, en concepto de sueldos, de 150.000 euros anuales. Y es que, por desgracia, cuando nuestros políticos tiran con pólvora del Rey, no suelen escatimar en gastos.

Una cosa es predicar y otra dar trigo. Y esto le pasa a muchos dirigentes socialistas madrileños, entre ellos su propio secretario general, Tomás Gómez que, por ejemplo, critica la sanidad privada que promueve el PP y después deja plena libertad a sus alcaldes (un ejemplo de ello lo tenemos en Collado Villalba) para que faciliten en sus municipios la construcción de hospitales de gestión privada. Ahora, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, acaba de proponer al Ejecutivo de Ruiz Gallardón que reduzca en un 50 por ciento los más de mil cargos de confianza con que cuenta el Ayuntamiento de la capital, pues así se podrían ahorrar hasta 14 millones de euros anuales. Lucas añade: “Cada día hay más jefes y menos soldados para trabajar por las necesidades de los madrileños”. Bien, yo le invito a que se de una vuelta por el Consistorio villalbino presidido por su compañero de Ejecutiva, José Pablo González, y luego me de su opinión sobre el tema de los cargos de confianza.