Medidas contra los ‘graffiteros’

El Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar una normativa que permitirá a los graffiteros que hayan sido sancionados económicamente sustituir dichas multas por trabajos en beneficio de la sociedad, entre ellos la realización de servicios de limpieza en la vía pública, adecentamiento de papeleras y retirada de carteles en fachadas y la eliminación de graffitis con pintura.

Este Consistorio viene aplicando multas de entre 300 y 3.000 euros por la realización de graffitis en lugares no permitidos, siempre que el denunciado no sea reincidente.

En nuestra comarca, la presencia de graffiteros, además de resultar molesta, provoca cierta crispación entre los ciudadanos, que ven cómo las autoridades locales pasan olímpicamente del asunto al permitir que estos jóvenes pintores, más que artistas (salvo algunas raras excepciones), se conviertan en unos auténticos tocahuevos que utilizan sus alegres veladas para amargar el despertar del comerciante y del vecino que mañana tras mañana se ve obligado a borrar las pintadas de la fachada de su tienda o de su propia casa. “La contumacia transgresora de estos individuos”, me comentaba un comerciante de Galapagar, “nos deja totalmente indefensos, porque los ayuntamientos, tan puntillosos en otros asuntos, no tan sólo pasan de castigar estas gamberradas, sino que sorprendentemente en algunos localidades hasta las promueven”.

Las pasarelas y puentes sobre la A-6 se han convertido en el mejor escaparate para la realización de este tipo de actos vandálicos, y su mejor exponente lo tenemos en Collado Villalba, donde los graffiteros, aun sabiendo el riesgo que corren de sufrir un grave accidente, han utilizado todos los pasos elevados que existen en esta vía a su paso por este municipio para dejar constancia de su ‘obra’. Es urgente, pues, que los ayuntamientos endurezcan las medidas contra estos actos vandálicos y además copien al Consistorio de Madrid en la forma de castigar a los infractores con trabajos en beneficio de la sociedad, pues las multas, al tratarse casi siempre de menores de edad, suelen ser abonadas por sus progenitores, lo que deja inmunes del castigo a los causantes de estas gamberradas.

La memoria de la Fiscalía de Madrid correspondiente al pasado año deja patentes dos cosas: que la delincuencia ha subido un 5 por ciento en toda la región y, sobre todo, que este crecimiento también afecta al apartado juvenil, donde los delitos se han incrementado un 8,3 por ciento. En este apartado relacionado con los menores de edad es importante destacar el aumento de los casos de violencia contra los padres (un 40 por ciento) y el de tráfico de drogas (24 por ciento) . Esta memoria que el fiscal Jefe de Madrid acaba de entregar a la presidenta, Esperanza Aguirre, también recoge la disminución del número de homicidios relacionados con jóvenes y el mayor número de robos con fuerza, con violencia, sustracciones en viviendas habitadas, amén de un aumento muy notable de agresiones en los centros escolares. También se han cuadruplicado los casos de corrupción de menores (de 4 a 16), mientras los de pornografía infantil se casi se han triplicado, al pasar de 28 a 87.

La delincuencia juvenil es uno de los fenómenos más importantes para nuestra sociedad y por tanto debemos demandar soluciones inmediatas en las que, desde mi punto de vista, en vez de buscar sólo la represión y el castigo, hay que ofrecer respuestas realmente eficaces ante un problema que ha alcanzado tal grado de magnitud como para motivar a todos (políticos, policías, jueces, ciudadanos...) a fin de buscar las respuestas y soluciones pertinentes.

Pese a que la alcaldesa de Valdemorillo, Pilar López Partida, diga que ‘su’ Ayuntamiento está muy por debajo del nivel máximo de endeudamiento, lo cierto es que en el pleno celebrado el pasado 2 de julio ha quedado al descubierto su deuda actual, que asciende a 9,5 millones de euros (1.600 millones de las antiguas pesetas). Pues bien, entre las medidas propuestas por el Ejecutivo para paliar esta crítica situación nos encontramos con una que, a primera vista, parece bastante impopular. López Partida, entre otras iniciativas, ha propuesto la realización de un minucioso seguimiento fiscalizador para comprobar el modo en que los comerciantes de este municipio hacen frente a sus obligaciones tributarias, así como un completo control sobre las licencias otorgadas, además de revisar el grado de aplicación de las tasas en determinados locales.

El afán recaudatorio y fiscalizador por parte del Ayuntamiento es evidente y sus consecuencias en tiempos de vacas flacas se verán a corto plazo. De momento, la alcaldesa, que ve cómo, según una web local, el 88 por ciento de los vecinos encuestados califica su gestión como mala o muy mala, puede acrecentar aún más su deteriorada imagen pública. Y esto con las elecciones a menos de dos años.