El dinero del urbanismo - Nuevo lío en Valdemorillo

La mayoría de los ayuntamientos de nuestro país tienen los días contados para seguir haciendo caja con la venta de los terrenos procedentes de la cesión del denominado aprovechamiento medio. Y otro tanto les sucede a los promotores, habituados a comprar las cesiones que debían realizar al patrimonio municipal a precios generalmente bastante por debajo de los de mercado. El anteproyecto de Ley del Suelo que fue aprobado el pasado 26 de mayo en Consejo de Ministros establece los nuevos controles sobre qué podrán y qué no hacer los ayuntamientos con los terrenos obtenidos con las cesiones de los promotores.

La legislación actual establece que los suelos que obtienen las empresas promotoras procedentes de la cesión del aprovechamiento (entre un cero y un 10 por ciento) deben ser destinados a la construcción de vivienda protegida (VPO) u otros fines de interés social. Pero bajo este ambiguo paraguas donde es evidente que el que hizo la ley también hizo la trampa, la mayoría de los ayuntamientos han pasado por alto el control de dichos terrenos y han destinado los recursos obtenidos con dichas enajenaciones a gasto corriente, es decir a enjugar los déficit de sus tesorerías, algo que pese a estar prohibido hasta ahora ni se ha perseguido ni tampoco se ha castigado. Por ese motivo, el texto del anteproyecto establece nuevos controles para evitar que en lo sucesivo se vuelvan a producir esas prácticas, mejorando la regulación de cuál debe ser el destino de los patrimonios públicos de suelo y asegurando que los terrenos procedentes de las cesiones gratuitas cumplan la función para la que están concebidas, obteniendo así una mejora real del medio urbano o rural del municipio, como es el aumento de equipamientos tales como centros deportivos, centros de salud, colegios, etc. A cambio, otorga a los ayuntamientos la principal de sus reivindicaciones: ampliar la orquilla de las cesiones obligatorias y establecer un nuevo abanico con carácter general del 5 al 15 por ciento que, excepcionalmente, podrá llegar incluso al 20.

Suponemos que esta noticia habrá caído como un jarro de agua fría entre los responsables de los consistorios municipales, sobre todo entre aquellos que estaban ya habituados a realizar este tipo de transacciones. En nuestro comarca, según ha podido saber este periódico, y concretamente en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2005, el Ayuntamiento de Collado Villalba ha sido el que ha vendido a distintos promotores más metros de terreno procedentes de los aprovechamientos medios, el último de ellos el pasado mes de mayo y que ha sido objeto de un crispado debate entre el Ejecutivo socialista y los tres grupos de la oposición durante el pleno celebrado el pasado 25 de mayo, 24 horas antes de que este proyecto de ley fuera aprobado en Consejo de Ministros. La parcela en cuestión está situada entre la carretera de Galapagar y el Parque de la Coruña, y en esta operación el Ayuntamiento, además de vender (suponemos, previo concurso) una parcela de su propiedad, (2.500 metros cuadrados) a un promotor, le ha vendido también el aprovechamiento medio resultante de la junta de compensación de la que formaba parte junto a otros dos propietarios. Es decir, los 3.000 metros resultantes han pasado, previo pago del precio establecido por el arquitecto municipal, Pedro Riveiro Pita (un experto en este tipo de valoraciones), a propiedad privada en una zona donde precisamente existe un fuerte déficit tanto en equipamientos como en vivienda pública. Cabe suponer que con la entrada en vigor de la nueva ley se ponga fin a este tipo de enajenaciones que no sirven más que para acabar con el ya exiguo patrimonio de muchos ayuntamientos.

El segundo tema de esta semana está relacionado con Valdemorillo, ese municipio donde política y urbanismo forman un cocktail demasiado peligroso para la supervivencia de una Corporación gravemente dividida por la defensa de inconfesables intereses y que, más temprano que tarde, terminará siendo víctima de sus propios errores. Claro que también es cierto que cuanto suceda en el seno de esta compleja Corporación municipal, por muy grave que sea, no le va a coger por sorpresa a los vecinos de una localidad que en apenas tres años de legislatura han visto pasar por la Alcaldía, primero al Partido Socialista y posteriormente al PP, curiosamente acompañados por similares socios de gobierno. Es más, y esto resulta bastante inaudito: el ex alcalde socialista, Luis García, recientemente expulsado del PSOE, se ha convertido en uno de los más firmes aliados de la actual alcaldesa, Pilar López Partida, mientras el concejal Jesús Sabugo, responsable del área de Urbanismo con García y posteriormente con López Partida y verdadero artífice del éxito de la moción de censura presentada por la actual regidora contra el anterior Ejecutivo socialista, ahora se puede quedar compuesto y sin novia a tenor de la pantomima montada en la última sesión plenaria donde fue pedida su cabeza y por tanto su área de Urbanismo por los hasta ahora compañeros de Gobierno. Bueno, la regidora se abstuvo, hecho también bastante curioso si nos atenemos a que sólo ella cuenta con atribuciones para dar o quitar competencias a los concejales . El futuro político de Sabugo, sobre todo desde el momento en el que hizo públicas sus discrepancias con la gestión de Pilar López Partida en temas urbanísticos, era algo así como la crónica de una muerte anunciada. Sin embargo, su destitución no está del todo clara, porque Sabugo ha amenazado con contar algunas cosas que, en caso de salir a la luz pública, podrían poner en aprietos no tan sólo a algunos políticos locales, sino también a conocidos empresarios del sector inmobiliario que tienen echados sus tentáculos especulativos en este municipio, porque salvo raras excepciones son ellos los que suelen mover los hilos del poder, y así lo reflejaba Arturo Pérez Reverte en un artículo relacionado con la trama urbanística de Marbella, publicado recientemente en ‘El Semanal’. “En un país de golfos, donde quienes mandan de verdad no son los políticos -que ya sería una desgracia por sí misma-, sino los capitostes de la mafia del ladrillo con sus políticos a sueldo...” En este caso, y por lo que hemos podido apreciar, el responsable del área de Urbanismo de Valdemorillo amenaza con tirar de la manta. Otra cosa es que sea verdad lo que dice saber y, además, quiera contarlo. Si fuera así, si Jesús Sabugo tiene conocimiento de la existencia de actos delictivos, no se a qué estará esperando para ponerlos de inmediato en conocimiento de los tribunales de justicia.