La sorprendete noticia la publicaba nuestro periódico el pasado viernes: “El Ayuntamiento de Valdemorillo adquiere vía renting una ambulancia pese a que el pasado mes de enero Plácido Arango, vecino de esta localidad y propietario de la cadena VIPS, había donado para este fin más de 60.000 euros”.
Alfonso Redondo, presidente de PIVALDE, grupo municipal que denunció lo que muchos vecinos de este municipio ya califican de chanchullo, me decía el pasado miércoles: “No me cabe la menor duda de que la alcaldesa, Pilar López Partida, viendo el estado de la caja del Ayuntamiento, más vacía que una playa en invierno a las cuatro de la madrugada, decidiese destinar esta donación a tapar otro de los muchos agujeros que tienen las arcas municipales”. Y así ha debido ser, porque sino parecería incomprensible (incluso estando por medio López Partida), que además de cambiar el destino de dicho dinero, algo a nuestro entender muy grave, sobre todo cuando al parecer el señor Arango, ni siquiera fue advertido de que su generosa aportación (la anterior ambulancia también la había pagado él), había sido destinada a otro fin; pues bien, aparte del feo hecho a este generoso ciudadano, el Ayuntamiento optó por adquirir este vehículo en régimen de alquiler por un periodo de cinco años, a razón de 1.596 euros mensuales (IVA incluido), lo que supone un coste total de 95.769 euros. Pero como la ley permite que estos vehículos se puedan utilizar durante ocho años, el coste de los tres años restantes, aumentaría hasta los 57.459 euros, acumulando un total de 153.228, cifra a la que debemos descontar los 20.000 euros que cuesta en ese periodo de tiempo el seguro y mantenimiento del vehículo soportado por el renting, lo que nos lleva a un coste real de alrededor de 133.000 euros; es decir, casi el doble del importe de la ambulancia caso de ser pagada al contado.
Alfonso Redondo sentenció: “si la alcaldesa tuviera la misma habilidad de hacer crecer los ingresos como lo hace con los gastos, seríamos el pueblo más rico de España”.
Creo que está todo dicho ¿no?.El hecho de haber llegado al ecuador de la actual legislatura municipal es motivo más que suficiente para realizar un minucioso análisis sobre la gestión llevada a cabo en esto dos últimos años por los Ejecutivos serranos. Así, pese al amplio reportaje elaborado por El Faro del Guadarrama sobre estas efemérides (ver páginas centrales), no he podido resistirme a dar mi opinión sobre algunos temas que entiendo perjudican la relación de los ciudadanos con la Administración local, asuntos que, lamentablemente, con el paso del tiempo suelen olvidarse.
Las corporaciones locales y concretamente sus responsables políticos llevan casi año y medio lidiando la falta de liquidez de sus tesorerías, situación que algunos burgomaestres utilizan para justificar la ralentización o incluso la paralización de algunos proyectos anunciados con gran despliegue tipográfico en sus programas electorales, mientras promueven el despilfarro en inversiones innecesarias y faraónicas. No creo que este sea el mejor momento ni para felicitar a los buenos gestores, ni tampoco para defenestrar a los malos (que de todo hay en la viña de la política local), pero hay prácticas, por desgracia bastante habituales, que no se pueden silenciar durante más tiempo porque con ello lo único que conseguiríamos es hacer un flaco favor a nuestra democracia. Por eso hoy sólo queremos recordarles a nuestros alcaldes la obligación que tienen de perseguir el fraude que cohabita en su entorno; que impongan moderación en el gasto; que defiendan el derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos; que abandonen la demagogia populista y, sobre todo, que luchen para que sus consistorios se conviertan en una institución participativa y abierta a todos sus vecinos. ¡Ah! y que no olviden que estamos a tan sólo dos años de una nueva cita con las urnas y es ahí donde el electorado dicta sentencia.
Los datos son escalofriantes: la mitad de las familias madrileñas ha optado por reducir el consumo durante el primer cuatrimestre de este año. Pero aún hay más: según los datos manejados por el Barómetro de Madrid, el 17 por ciento de los hogares ha tenido problemas a la hora de afrontar sus pagos; el 38,2 dice estar preocupados por su situación laboral y el 26 por ciento ha decidido reforzar su ahorro. Los recortes más importantes afectan a la compra de viviendas, automóviles (24,7 por ciento); viajes y vacaciones (24,4) y reformas del hogar, mobiliario y electrodomésticos, alrededor del 25 por ciento.
Y lo curioso es que con este panorama, José Ricardo Martínez, secretario general de UGT-Madrid, se atreva a decir: “No hay que plantear movilizaciones contra el Gobierno, pero igual sí hay razones para hacer una movilización general contra los empresarios de este país”. Toma del frasco, Carrasco; perdón, Martínez.