Luces y sombras
Manuel J. Ortega
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Buena noticia para los proveedores de los ayuntamientos serranos, porque según anunció el pasado viernes el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, esta federación ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda, para que los consistorios puedan afrontar las deudas contraídas con las pymes en un plazo aproximado de dos meses. El dinero para abordar las muchas facturas pendientes lo conseguirán los ejecutivos locales mediante una línea del Instituto Oficial de Crédito (ICO), que lógicamente tendrán que devolver las tesorerías locales en un plazo máximo de cinco años.
Pedro Castro manifestó el pasado viernes a la emisora Punto Radio que ya habían recibido del Ministerio de Hacienda el borrador de este acuerdo y que “antes de dos meses, tras la redacción definitiva del mismo, estaremos en condiciones de liquidar la deuda con las pymes”.
Es decir, que a través del Instituto Oficial de Crédito los consistorios españoles van a recibir una importante inyección de dinero, que supuestamente les permitirá liquidar las facturas correspondientes al año 2008, que es cuando se empezaron a paralizar los pagos como consecuencia de la crisis económica por la que atraviesa el país. Castro también dijo que esta nueva financiación podrá ser incluida en los presupuestos de 2009 para “liquidar absolutamente la situación de tesorería”.
Curiosamente, esto viene a poner en evidencia una vez más que el ministro de Economía, Pedro Solbes, sigue en ‘babia’, porque a una interpelación realizada recientemente por el grupo popular en el Congreso de los Diputados, el ministro dijo textualmente: “El Gobierno no es responsable del endeudamiento de las corporaciones locales, dado que España es un Estado descentralizado y existe la autonomía financiera”. Nos consta que en esas fechas la FEMP ya estaba negociando éste préstamo.
En fin, lo más importante es que en menos de tres meses unas 20.000 pymes van a comprobar cómo va llegando a sus cuentas corrientes el dinero que les adeudan los ayuntamientos, deuda que Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda, cifró recientemente en unos 3.000 millones de euros, aunque el colectivo empresarial lo eleva hasta 5.000.
El Partido Independiente de Valdemorillo PIVALDE denunció en la sesión plenaria celebrada el 17 de noviembre de 2008 la presunta utilización indebida por parte del cabo-jefe de la Policía Local de la tarjeta comodín número 1 de la BESCAM, afirmando que según los documentos que obraban en su poder, este mando policial abonaba el repostaje de su vehículo particular, con cargo de dicha tarjeta. Carmen Villanueva, portavoz de este grupo municipal, solicitó de inmediato la creación de una comisión de investigación que permitiera llegar al fondo de la cuestión, petición que fue desestimada, limitándose a un expediente disciplinario donde el colmo de los despropósitos se produce en el momento en que PIVALDE queda al margen del asunto tras ser nombrados instructores Maite Hernández, edil de Seguridad y el portavoz del PSOE, Luis Herranz.
Cuatro meses después de la denuncia, nada se sabe sobre dicho expediente. Es más, ni siquiera la alcaldesa, Pilar López Partida, parece haberse dado por aludida tras la publicación por parte de este periódico de unas declaraciones de los representantes de PIVALDE en las que hacían referencia a la contestación del director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid respondiendo a los hechos que este grupo le había expuesto, en el siguiente sentido: “Es el Equipo de Gobierno el que tiene que velar por el buen uso de los fondos para la financiación del convenio suscrito entre la BESCAM y ese Ayuntamiento”. Pues bien, a tenor de los acontecimientos, López Partida parece haber dejado definitivamente el tema en manos de terceros, ha apartado al grupo que hizo la denuncia del presunto fraude y ha corrido un tupido velo sobre un asunto tan grave como el que nos ocupa. ¿Es lógico? Yo creo que no.
Tras las aprobación la semana pasada por parte de la Comunidad de Madrid de 21 nuevas emisoras de radio FM, entre las que se encuentra la de Galapagar (adjudicada a Radio Marca) y la ratificación a los antiguos concesionarios de las licencias de TDT por parte del Ejecutivo regional, José Cepeda, vicepresidente del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid, acusó al gobierno de Esperanza Aguirre de “despreciar las normas democráticas al actuar con premeditación y alevosía en estas adjudicaciones a medios de comunicación de su entorno ideológico”. Es decir, más de lo mismo, aunque con los papeles cambiados. Recordemos el pucherazo del gobierno de Felipe González en la década de los 80, cuando vendió a la SER a precio ridículo las 81 emisoras de Antena 3 Radio y otorgó a dedo al grupo PRISA un canal de pago (Canal +).