Sociedad UN COLECTIVO DENUNCIARÁ LOS HECHOS EN LA FISCALÍA
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Un colectivo vecinal ha comunicado a nuestro periódico que acaba de poner en manos de un despacho de abogados de Madrid los pormenores relacionados con el convenio firmado el 14 de junio de 2006 entre la empresa IGS-Villalba y el Consistorio villalbino, acuerdo que durante el pleno celebrado en el mes de noviembre de ese mismo año fue retirado por el alcalde, José Pablo González (PSOE), después de pedir un receso para reunirse primero con su Equipo de Gobierno y posteriormente con los portavoces de los grupos de la oposición.
La denuncia realizada por el portavoz de ADEI, Alberto Sánchez, venía a poner de manifiesto algo que contaba con todos los aditivos para ser calificado como un “pelotazo” urbanístico, dado que el Ayuntamiento había aceptado permutar a la citada empresa una parcela sita en Cantos Altos, supuestamente valorada en 4,5 millones de euros, por otra de propiedad municipal en Prado Manzano que los servicios técnicos había tasado en la misma cuantía. A priori todo parecía correcto, pero la alarma saltó cuando el portavoz de ADEI, Alberto Sánchez, desveló que la parcela de IGS, según aparecía en la escritura de compraventa, había sido adquirida en enero de ese mismo año (seis meses antes de la firma del convenio) por un importe de 2,6 millones de euros, “lo que supone para sus propietarios”, dijo Sánchez, “caso de que el pleno apruebe el convenio, una plusvalía de 1,9 millones (alrededor de 300 millones de pesetas)”.Una portavoz de este colectivo señaló que “no entendían cómo los partidos de la oposición, pues nos consta que eran conocedores de este presunto cambalache antes de iniciarse el pleno, no denunciaron en ese momento los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción y aceptaron el juego que les impuso el alcalde, es decir el de retirar el asunto, aceptando unas explicaciones que no tenían ni pies ni cabeza. González, desde que gobierna con mayoría absoluta este Ayuntamiento, nunca, salvo en esta ocasión, ha escuchado a la oposición, lo que ocurre es que se vio cazado y puso tierra de por medio”.
Entre las irregularidades que este colectivo ciudadano ha plasmado en el dossier que obra en poder del despacho de abogados que estudia las acciones judiciales a emprender, está la intervención de un concejal del Equipo de Gobierno que intentó justificar esta permuta en el hecho de que “a mí me consta que a IGS esa parcela le ha costado mucho más de lo que aparece en la escritura”, insinuando que se habría pagado parte de la compra con dinero negro (dinero B), un pronunciamiento bastante desafortunado y que puede rozar el delito en boca de un cargo público. También los promotores de esta denuncia aportarán las versiones facilitadas por algunos antiguos propietarios de parcelas situadas en la zona de Cantos Altos, en las que admiten haber sido amenazados con la expropiación de las mismas en caso de negarse a venderlas, hecho que corrobora la denuncia realizada en dicho por el entonces portavoz de Izquierda Unida, Tomás Alberich, calificando los hechos como “gravísimos”.
Casi tres años después, este escabroso asunto vuelve a cobrar protagonismo y tal vez terminé generando los titulares en los medios que el alcalde, José Pablo González, en su intervención plenaria intentó evitar “porque ello no correspondería con la realidad”.