Más radares para la A-6
Manuel J. Ortega
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Creo que ya nadie pone en duda las ansias recaudatorias de la Dirección General de Tráfico (DGT) tras los aconteceres habidos en los últimos meses, donde bajo el lema ‘combatir los accidentes de tráfico’, ha emprendido una feroz campaña contra los conductores que infrinjan en mayor o menor medida el Código de la Circulación (sobre todo en aquellos casos en los que se superen los límites de velocidad fijados), donde las cuantías de las multas son cada vez más desproporcionadas. Eso sí, a modo de caramelo nos anuncian importantes rebajas de hasta el 50 por ciento de su importe por pronto pago, medida que las asociaciones de automovilistas no han dudado en vincularlas a ese claro afán recaudatorio.
Y afán recaudatorio tiene, a priori, la instalación de nuevos radares en la A-6 (estos últimos virtuales), cuya puesta en funcionamiento estaba prevista para el pasado lunes, suponemos que para aprovechar el mayor flujo de vehículos por esta vía durante el puente de San José, aparatito este que según hemos podido saber cuenta con una autonomía de ‘visibilidad’ que va desde el kilómetro 7 al 29. Es decir, que en ese tramo pueden multar en cualquier momento, ya que no es un radar de foto colocado en un punto fijo, sino de tramo, concretamente este toma la foto cuando el vehículo entra y cuando sale, calculan la velocidad media del recorrido y en caso de superar el límite establecido en la zona, se produce automáticamente la sanción.
Todo esto al margen de los radares fijos y de los móviles que existente en las carreteras de la zona Noroeste de Madrid. Curiosamente, el pasado martes, sobre las 13.00 horas, observamos uno de los coches camuflados de la Guardia Civil de Tráfico, oculto tras unos arbustos que hay en el cruce del Valle de los Caídos. Al margen de su extraña ubicación (el conductor debía ser un manitas), me llamó la atención que el vehículo estuviese situado en dirección contraria al sentido de circulación de los coches. ¿Acaso ahora también fotografían el rostro de los conductores? Yo creo que la Guardia Civil combatiría mejor la siniestralidad en la carretera vigilando los comportamientos temerarios de algunos conductores (adelantamientos en cambios de rasante, no respetar los stop, cambiar de carril sin activar el intermitente, etc.). Claro que eso es menos lucrativo para el Estado
En estas dos últimas semanas El Faro del Guadarrama ha publicado amplia información sobre Grupema S.L., empresa vinculada a la familia del concejal de Desarrollo Local de Collado Villalba, José Luis Cercas, que a tenor de los cientos de miles de euros facturados en los últimos años, sitúa a esta en un lugar privilegiado en el capítulo de contrataciones por parte de este consistorio.
La polémica suscitada no es nueva, ya que según la documentación que obra en poder de este periódico, el 5 de julio de 2001 el por entonces secretario municipal, Víctor Villasante, a petición del grupo municipal del PP, tuvo que realizar un informe jurídico a fin de dictaminar sobre las actuaciones de este edil “en aquellos expedientes relacionados con dicha sociedad participada por su cónyuge, según la certificación registral aportada”. Una vez realizadas las pertinentes consideraciones jurídicas, el señor Villasante llegó a la siguiente conclusión: “En los acuerdos adoptados por la Comisión de Gobierno, relativos a Grupema, tales como el del 18 de julio de 2000, en los que participa en la deliberación y votación, “el señor Cercas podría estar incurso en causa de incompatibilidad”, pero son válidos dado que su voto no fue determinante para la adopción del acuerdo”, valoración bastante subjetiva, ya que el artículo 182 del Reglamento de Organización y Funcionamiento (artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992), dice que son motivos de abstención, entre otros, “tener grado parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados...”. José Luis Cercas no sólo es el esposo de Nieves Álvarez Aguado, socia fundadora, sino también cuñado de otro socio y tío de los dos restantes. Desde entonces, este concejal ha asistido al menos a ocho Juntas de Gobierno donde se han concedido contratos a Grupema.
El 13 de septiembre de 2001 el grupo municipal del PP denuncia las presuntas irregularidades en la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos, que se inhibió por considerar que los hechos no eran de su competencia, remitiéndolos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (28 de septiembre de 2001), que dos meses más tarde (el documento está firmado por el entonces Fiscal Jefe y ex ministro, Mariano Fernández Bermejo) comunica a la portavoz popular que esta documentación la envía al Juzgado Decano de Villalba a fin de que éste inicie las Diligencias Previas en orden a la depuración y concreción de los hechos, incoándose las Diligencias Previas 2399/01, por el Juzgado de Instrucción nº 1. Según los responsables del PP, a día de hoy, no han vuelto a tener noticias sobre este asunto. El alcalde dijo que estaba archivado. Curioso ¿verdad?.