Cuatro de los cinco profesores de Garantía Social despedidos el pasado 19 de enero / a. o.
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Catalina Martínez, Miriam Sanz, Chelo Roson, Silvia Olalde y Ramón Pavón eran los encargados, hasta hace pocos meses de impartir los cursos de Garantía Social en Collado Villalba. Ahora, y desde hace unas semanas, han pasado a ser los CIMCO, en referencia a su número y al lugar donde trabajaban, el Centro de Iniciativas Municipales (CIM). Y hablamos en tiempo pretérito ya que fueron despedidos, según alegó el área de Personal, porque su puesto de trabajo dependía de la subvención que el Consistorio recibía de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de estos programas, con los que se pretende ofrecer una salida laboral a jóvenes que no han podido superar la Secundaria.
Los trabajadores, apoyados por el Comité de Empresa y la Junta de Personal, han salido a la calle a protestar por lo que consideran un “fraude de ley”, ya que cuentan con sentencias previas que reconocen que su contrato tiene carácter indefinido y que “realizan tareas normales habituales y estructurales” en el Ayuntamiento.
En las últimas semanas se han sucedido las informaciones en torno a estos profesores. Ahora son ellos los que han querido trasladar a la opinión pública su “versión de los hechos”.
Los afectados han querido dejar claro que ellos no están “coaccionando a nadie”, sino que están ejerciendo sus derechos. “Lo único que hacemos, apoyados por los sindicatos Comisiones Obreras y CGT, es protestar frente a las dependencias municipales dos veces a la semana; siempre somos menos de 20 personas, no obstaculizamos la calle ni interrumpimos el normal funcionamiento de la administración. De hecho, son testigos tanto la Policía Local como la Guardia Civil, que siempre nos acompañan. No entendemos por qué el alcalde ha personalizado la protesta hacia su persona, aunque él sea en último término el responsable de esta situación”.
En el momento del despido ya se habían interesado más de 140 jóvenes por los programas de Garantía Social -ahora bajo la denominación de Programa de Cualificación Profesional Inicial-. “Siempre alegan que estos programas no son competencia del Ayuntamiento, sino de la Comunidad de Madrid, y tienen razón, los financia el Gobierno regional. No se pueden iniciar sin la autorización previa de esta administración. Pero lo que no dicen es que se podrían hacer otras acciones formativas con los jóvenes, que cuentan con personal cualificado, que somos nosotros, que realizamos labores estructurales y ordinarias en el Ayuntamiento. Se pueden hacer otras acciones formativas, que de hecho se están llevando a cabo en municipios como Majadahonda o Torrelodones, que han asumido a los alumnos prematriculados y que para que no se queden en la calle están realizando cursos formativos hasta que se conceda la autorización”, explican.
Los despedidos han explicado que nadie se ha puesto en contacto con ellos. “No ha existido ningún arbitraje, ni nadie nos ha ofrecido nada, ni les hemos pedido un contrato de dos meses. De hecho, presentamos una reclamación previa a la vía laboral por despido nulo que no ha sido contestada”.
Catalina, Miriam, Chelo, Silvia y Ramón señalan que sólo quieren “que se respeten las cinco sentencias que reconocen que nuestro trabajo es normal y habitual en el Consistorio, y que no depende de ninguna subvención. Son sentencias declarativas, no hay que pedir ninguna ejecución. No queremos ‘entrar por la puerta de atrás’, como dijo González en un programa de televisión. Cuando salga nuestra plaza nos presentaremos al proceso selectivo y la aprobaremos o no”.