Luces y sombras
Manuel J. Ortega
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Según Antonio Beteta, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid (en la imagen inferior), la nueva factura de la luz no hay por donde cogerla: “Es de todo menos clara, se cobra en base a estimaciones, no tiene en cuenta los valores sociales que antes sí contemplaba y perjudica a más de 400.000 hogares de nuestra región”. Además, las penalizaciones por consumo excesivo (en aquellos casos donde los usuarios superen los 500 kilowatios por hora al mes) han crecido un 125 por ciento, según las propias compañías eléctricas, lo que ha provocado que si la subida anunciada para la tarifa de este año era del 4 por ciento con carácter general, al final el consumidor se encuentra con un recibo donde el incremento ronda el 80 por ciento.
También el vicepresidente y portavoz regional, Ignacio González, ha puesto en tela de juicio la nueva facturación de las empresas eléctricas al incidir en el hecho de que su entrada en vigor tampoco ha sido la más idónea, ya que diciembre y enero son los meses donde más consumo de energía se produce en los hogares madrileños a causa del frío. “La carta que las compañías envían a cada casa, y que pretendía ser más clara, ha pasado a ser justo lo contrario, dado que las empresas no tienen un método de estimación homogéneo”. González, además, añadió: “La facturación mensual enmascara una subida de la tarifa mayor de la pactada y provoca confusión”.
Así están las cosas y lo más grave es que la empresa suministradora de electricidad en nuestra comarca (Iberdrola) ha cerrado las oficinas que tenía en estos municipios, lo que genera graves problemas a los usuarios a la hora de presentar sus reclamaciones, reclamaciones que tendrían que dirigirse a la Oficina del Consumidor de la Comisión Nacional de la Energía, pero ésta aún no ha sido creada (se dice que entrará en funcionamiento el mes de junio), lo que provoca una clara indefensión para los afectados que intentan superar este vacío administrativo dirigiendo sus reclamaciones a las administración regional o municipal, que carecen de competencias.
En fin, que además de tener que soportar la grave crisis económica, las familias serranas tienen ahora que apechugar con este “aguijón envenenado” del ministro Sebastián. Y ojo con no pagar, porque estas empresas tienen la sartén cogida por el mango y al menor descuido les dejarán a oscuras.
Las discrepancias ideológicas puestas de manifiesto en los últimos meses entre el PSM y el alcalde socialista de Collado Villalba y a la vez miembro de la Ejecutiva regional, José Pablo González, parecen bastante sustanciales, sobre todo en aquellos temas donde el debate se centra en decantarse por la empresa pública en vez de la privada. Recordemos que cuando en la Asamblea de Madrid se planteó dar el visto bueno a la universidad privada a distancia (UDIMA), sólo el grupo parlamentario del PP lo respaldó, votando en contra PSOE e IU. Pues bien, poco tiempo después, y en contra del planteamiento de sus compañeros, el regidor villalbino ofrecía cobijo a dicha empresa en esta localidad y además le facilitaba su ubicación tras convocar un pleno donde PSOE y PP aprobaron librar a esa entidad de la expropiación de los terrenos que ésta había adquirido para construir su sede social, terrenos que precisamente le había vendido el propio Consistorio al módico precio de 100 euros / metro cuadrado (450 el metro edificable). Hemos de decir que José Pablo González estuvo ligado profesionalmente a esta empresa antes de llegar a la Alcaldía.
También con el tema del hospital comarcal, el primer edil villalbino ha vuelto a desmarcarse de sus compañeros de partido. En este caso mientras el Partido Socialista de Madrid (PSM) anunciaba la presentación de alegaciones tanto contra la explotación por parte de la empresa privada de los ambulatorios y centros de salud pertenecientes a esta área como del futuro hospital, José Pablo González no sólo mantenía un sepulcral silencio, sino que además se apresuraba a facilitar a la Comunidad de Madrid los terrenos para la ubicación del citado centro hospitalario en la zona de la Chopera, pese a constar en el PGOU como suelo protegido.
Las actitudes y comportamientos de algunos políticos resultan difíciles de entender.
Tal como publicaba el pasado viernes El Faro del Guadarrama, los inmigrantes marroquíes siguen siendo mayoría en nuestra comarca, si bien en conjunto es superior el número de personas procedentes de América (Colombia, Ecuador, Perú, etc.). Al menos eso es lo que se desprende del informe realizado por el Observatorio de Inmigración, que centra la presencia mayoritaria de estas familias en municipios como Collado Villalba y Galapagar, además de Guadarrama, Navacerrada, Zarzalejo o Robledo de Chavela, con porcentajes de extranjeros empadronados que oscilan entre el 15 y el 24 por ciento, destacando en este aspecto el municipio villalbino que contabiliza más de 13.000 inmigrantes y el de Galapagar con 7.200, cifras bastante irreales porque existen muchas familias inmigrantes sin empadronar.