Cargos de confianza en época de crisis

La democracia hace aguas por el puente de mando. Pese a la crisis económica que padece el país, nuestros gobernantes duplican las funciones de la Administración Pública creando nuevos ministerios, consejerías, direcciones generales etc., lo que facilita el aumento de los puestos de libre designación cubiertos con personas de su confianza.

Tenemos casos a nivel nacional, autonómico y municipal donde el mal ejemplo del despilfarro parece servido. Ejemplo: Rodríguez Zapatero preside el Gobierno con más altos cargos desde la etapa de Felipe González, y a pesar de sus promesas de austeridad para esta legislatura ha creado dos nuevos ministerios (Innovación e Igualdad), siete secretarías de Estado, 19 direcciones generales y 44 asesores más que en la legislatura anterior. A nivel autonómico, su compañero y actual presidente de la Xunta de Galicia tampoco se queda atrás. Los presupuestos que ha manejado Pérez Touriño entre 2005 y 2008 reflejan un aumento espectacular en gastos de personal, especialmente en el capítulo de cargos de confianza donde ha gastado 2,42 millones de euros al año en el pago de los sueldos de los asesores presidenciales, habiendo subido en 2008 la partida de los asesores un 36,2 por ciento. Tampoco los ayuntamientos madrileños se quedan atrás en este apartado; en ello destacan los de la zona Sur de Madrid, donde los gastos por la contratación de cargos de confianza y asesores alcanzan cifras impresionantes. En relación a nuestra comarca, les podemos decir que el Ejecutivo de Collado Villalba (54.658 habitantes), presidido por el socialista José Pablo González, cuenta actualmente con 13 puestos de confianza, la mayoría de ellos ocupados por confesos militantes del PSOE, cuyo coste anual a las arcas municipales asciende a 644.634,13 euros, lo que traducido a pesetas supone más de 100 millones. Y esto ocurre en un Consistorio que tiene una tesorería en precario y donde los concejales que gozan del “servicio” de asesor perciben un sueldo neto por encima del medio millón de pesetas mensuales. Los ayuntamientos de Torrelodones (21.231 habitantes) y Galapagar (31.261 habitantes), regidos por el PP, tienen actualmente seis y dos cargos de confianza, respectivamente.

La Asociación de Vecinos de Colmenarejo ha denunciado el acuerdo tomado por el pleno celebrado el pasado 26 de noviembre de una modificación puntual de las Normas Subsidiarias con la que se pretende facilitar la ubicación de una superficie de alimentación en una parcela hasta ahora de uso residencial sita en la Colonia de Santiago, después de calificar la misma de comercial a través de un convenio urbanístico mediante el cual la edificación lucrativa pasa de 0,35 / metro cuadrado a 0,95, lo que Foro Vecinal califica en su página web “como un pelotazo urbanístico”. Este colectivo y un grupo de vecinos han presentado alegaciones a esta Modificación de las Normas Subsidiarias en las que entre otras cosas exponen: “El proyecto técnico no ha sido sometido a información pública; no consta que haya sido contratado por el Ayuntamiento; carece de firmas; no se sabe que gabinete lo ha redactado, ni siquiera quién lo ha entregado en el Consistorio. Además, no consta que el proyecto técnico esté avalado por un Colegio Profesional; tampoco se incluyen informes del arquitecto municipal, ni del secretario del Ayuntamiento. Desconocemos si existe un informe de impacto ambiental y el estudio de circulación carece de rigor científico, con datos obsoletos y cifras inconsistentes, como que el tramo de la carretera que va de Colmenarejo a Galapagar tiene capacidad para absorber la circulación de mil vehículos hora, cuando ahora, sin ningún centro comercial, se colapsa casi todos los días. Todo eso se ha puesto en conocimiento de la alcaldesa [María Isabel Peces-Barba], sin que a fecha de hoy haya dado respuesta alguna”.

Foro Vecinal muestra su preocupación por el hecho de que se intente justificar “la necesidad de esta superficie comercial para dar servicio a la zona norte de Colmenarejo, cuando resulta evidente que además de su poca entidad poblacional, esta zona se encuentra suficientemente abastecida por la proximidad de otras medianas superficies de idénticas características. Y lo más grave es que ello pueda romper el equilibrio y la armonía de una zona protegida, lo que conllevaría su degradación”. Obviamente, todos estos hechos han sido puestos en conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y se espera que a tenor de las irregularidades antes mencionadas, el Ejecutivo regional paralice dicha recalificación.