Si las piedras hablaran

Con motivo de la aparición en el diario El País de la supuesta alusión a la petición que recibió entre 1995 y 1996 el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Pedro Ortiz, por parte de un ex alto cargo del PP, Pedro Antonio Martín Marín, con el objetivo de recalificar los terrenos rústicos a urbanizables que éste último poseía en el sector Arroyo Arriba de Collado Villalba (Ortiz ‘dixit’ en la Cadena Ser), cabe hacer una reflexión sólida y preguntarse el motivo por el cual no interpuso la correspondiente denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción o la pertinente querella ante el órgano judicial correspondiente, si los hechos se desarrollaron tal y como el director de entonces admite.

Porque triste es la gracia que pudiéndose haber atajado el desastre natural en dicha zona no se lograra llevar a efecto máxime con la prohibición tajante de la fiscalía de Medio Ambiente de “construir en esos terrenos por que tenían una especial protección ecológica”. Tarde y con tomillos, las declaraciones del señor Ortiz, que siendo cierta su oposición a la recalificación -fue sustituido por Íñigo Sáenz de Pipaón, concediendo este último la recalificación-, debiera haber actuado antes y de otra manera.

Desde Ecologistas en Acción sabíamos de las fortísimas presiones de importantes hombres de Estado y demás propietarios de Arroyo Arriba, pero no llegábamos a tanto; un sector de una gran riqueza ecológica que no se quiso introducir dentro del ámbito del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares por razones obvias, parece ser.

Pero además con un legado humano, geográfico e histórico digno de mención, pues albergaba en su seno importantes reseñas y pasajes de la lucha social por la defensa del territorio como patrimonio de las tierras comunales del municipio villalbino, desde tiempos ya bastante lejanos. Arroyo Arriba constituía un elemento clave en la fuente de ingresos económicos del municipio serrano, pues se concedía, por medio del pago de un canon estipulado según superficie cultivada, su explotación agraria a los villalbinos, de forma individual a través de pequeños lotes, suertes o quiñones, o en régimen colectivo. Una vez recogida la siembra, con la denominada Derrota de las Mieses, entraba en juego una de las instituciones socio-económicas y culturales, de tipo civil, más democráticas que jamás haya existido, constituyéndose una gran servidumbre de pastos colectiva en beneficio de todos los habitantes del pueblo que llevaran sus pequeños rebaños de ganado a pacer, sin distinción alguna. La utilización de sus recursos por parte de los villalbinos otorgaba su dominio y propiedad a todos ellos, administrado por el concejo y más tarde por el Ayuntamiento, que no disponía de mayores facultades de gestión (todo lo contrario de lo que sucede hoy), que las de la justicia y reparto equitativo entre todos sus habitantes. Con el final de la contienda civil, esta institución desaparece con los cerramientos ilegales, el apropiamiento ilícito y la usurpación particular de toda extensión. Propietarios de hecho, que no de derecho, como afirma el historiador Santos Juliá. Algo similar sucedió con los Huertos de la Poveda, la Chopera de hoy donde es posible que veamos brotar en vez de la hierba las hileras de chalets adosados al hospital, rumor social y factible de realizarse.