Opinión

Justicia tuerta

Mariano Valcárcel

El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Mucho lío hay en este asunto. Y las cosas no van a mejorar precisamente. No dudo que algunas de las reivindicaciones son más que necesarias (y ahí el absurdo de la informatización con diferentes sistemas en cada autonomía). Más el tema seguirá sin resolverse si el problema no se ataca de raíz. La raíz es el absurdo procedimiento judicial, que es lento, retardatario, recurrente hasta la infinidad con multiplicaciones de lo mismo y dado a tal recorrido laberíntico de los procesos que entre idas y venidas se volatizan en los limbos judiciales-administrativos.

Pero se nota que apenas su modificación se reivindica. También el sistema, suspuestamente garantista, se hipertrofia, que cualquier pleito de mínimo pelo pueda eternizarse entre los recursos hábilmente utilizados para llegar a la nada. O sentencias aberrantes o desproporcionadas que a veces tampoco nadie es capaz de amonestar. Lo pagan las gentes de buena fe que se ven inmersas en estas galaxias leguleyas, pues de buena fe creen que la aplicación de las leyes es para su defensa de intereses o de derechos conculcados y no para mera protección de los delincuentes. Cuando resulta que el demandado va poniendo trabas y piedras en la conclusión del proceso, mediante el uso malintencionado de las ventajas que le proporciona el procedimiento judicial, y los jueces se lo permiten, es el perjudicado demandante de verdad el que se encuentra a la postre totalmente indefenso. Y a veces ni se entera de lo que sucede a sus espaldas.

Muchas causas y procesos debieran no ser admitidas o ser resueltas con brevedad por la poca monta de su contenido, sin más dilaciones que las justas y justificadas. Se aligerarían mucho los anaqueles de los juzgados de papeleo acumulado. Otras debieran ser limitadas a ciertos niveles de revisión (audiencias o a la sumo tribunales superiores territoriales) sin poder pasar a las máximas instancias. Un ejemplo claro: los conocidos monitorios son en esencia procedimientos supuestamente rápidos por la misma entidad de lo que se dilucida (se dice que no necesitan procuradores ni abogados); pues bien, en general estos terminan necesitando esos profesionales del cotarro legal (lo que es absurdo, ya que muchas veces lo reclamado importa menos que los honorarios de estas personas) a causa de que los demandados inician un camino de aplazamientos, retardos y demás con sus recursos injustificados y malintencionados las más de las veces y encaminado sólo al perjuicio de quienes promovieron la demanda. No se entiende por qué los jueces, ante ciertas evidencias, lo consienten. Y si se aduce que quien lo consiente es el procedimiento, que lo reformen en el sentido antes descrito.

Yo les rogaría a los jueces, instrumentos obradores de la aplicación de la Justicia, que sean los primeros en exigir la modificación radical del sistema, así entendería sus posiciones y hasta sus protestas más o menos constitucionales. Nunca entenderé que reclamen sólo su beneficio personal. Por eso la imagen de la justicia como dama cegada (vendados sus ojos) es absurda y falsa. Está más bien cegata o tuerta.