Crisis preelectorales y expedientes disciplinarios

Cuando apenas falta un año para la celebración de unos nuevos comicios locales, observamos ciertos síntomas de nerviosismo en el comportamiento de algunos de los integrantes de las corporaciones municipales de la Sierra. Y hasta cierto punto es lógico, porque después de cuatro años de actividad pública--hay quien lleva mucho más tiempo disfrutando de la poltrona-, nuestros políticos se ven obligados a superar el examen de una exigente reválida donde va a estar en juego, nada más y nada menos, que sus bien remunerados puestos de trabajo. Por eso no debe sorprendernos que en esta encarnizada lucha por conseguir el respaldo de los ciudadanos, única vía de acceso para obtener la acreditación de edil, se prodiguen con bastante antelación las zancadillas, los codazos y los insultos entre los aún presuntos candidatos; se enciendan los ventiladores de la infamia; se ajusten cuentas en las trastiendas de los partidos políticos y salga a la luz pública algún que otro escándalo morboso.

En este ambiente no es extraño que surjan ciertas crisis en el seno de algunos ejecutivos locales, poniendo incluso en peligro la gobernabilidad de los mismos. Ahí está, como caso más reciente, la ruptura del pacto suscrito hace tres años entre PSOE e IU de Cercedilla, tras la destitución por parte del alcalde Eugenio Romero, del edil y único representante de la coalición de izquierdas en este Ayuntamiento, Jesús Ventas. Así, a un año de las elecciones, el Equipo de Gobierno parrao se queda en minoría (cinco ediles del PSOE frente a cuatro del PP, más uno de IU y otro independiente), para afrontar los apenas 12 meses que nos separan de las próximas elecciones. Descartada cualquier posibilidad de moción de censura (no vemos a IU apoyando un gobierno popular), es fácil pensar que los socialistas continúen al frente del Ejecutivo, pero sin capacidad de maniobra a la hora de poder sacar adelante temas tan importantes como ese Plan General de Ordenación Urbana, cuya redacción, al parecer, provocó el enfrentamiento entre los dos partidos progresistas. O eso dice Jesús Ventas: “Nuestras diferencias eran muy grandes en los temas urbanísticos porque nosotros no podemos aceptar que el PGOU contemple la construcción de 3.500 viviendas y llevar a Cercedilla a una población de 20.000 habitantes. Tampoco estamos de acuerdo con Romero en las alegaciones que presentó al PORN del Parque Nacional, pues en todas ellas se pretende salvaguardar los intereses urbanísticos frente a la conservación medioambiental”. Obviamente, el alcalde contradecía al edil cesado y manifestaba que su decisión de destituirle se basaba en el hecho de que éste “llevaba más de año y medio rechazando las iniciativas que le proponíamos”. Las dos versiones nos parecen creíbles, pero no me puedo resisitir a dejar en el tintero el hecho de que una vez más los intereses urbanísticos tengan tanta influencia como para provocar el divorcio de un matrimonio político que, a priori, parecía reunir todos los requisitos para seguir unido (‘no hasta que la muerte les separe’, como dice la Iglesia, pero sí hasta el final de la presente legislatura).

Y en este complejo ambiente preelectoral, tampoco queremos dejar al margen las luchas intestinas que están surgiendo en algunos grupos municipales. Tal como ya les relatábamos la semana pasada, en Galapagar la aún concejala socialista Isabel de Andrés sigue esperando una respuesta institucional sobre si su expulsión del PSOE le obliga a abandonar su hasta ahora grupo municipal. Lo que sí tiene claro es que no va a renunciar a su acreditación de edil y que emprenderá acciones legales contra los que, presuntamente, la habían acosado moralmente e institucionalmente durante estos últimos tiempos. Después de 30 años de militancia en el Partido Socialista, entendemos que De Andrés se sienta muy decepcionada, como también lo estaría un trabajador que por una simple controversia con la dirección fuese despedido de su empresa, pero esto no debe impedir que si la edil galapagueña, como ha dicho en este periódico, conoce algún tipo de irregularidad cometida por sus compañeros durante su periodo de gestión al frente del Ayuntamiento, lo denuncie de inmediato en los tribunales, porque con las amenazas no va a conseguir dar credibilidad a esos postulados que ella dice defender: “Los concejales, como representantes del pueblo, debemos actuar en conciencia; esta es la única manera para que se pueda acabar con la corrupción que existe en tantos ayuntamientos”
Tampoco Alpedrete se ha salvado de este tipo de conflictos; de ahí que el PP local haya anunciado la apertura de un expediente disciplinario a la concejala Esperanza Vilches por haber roto la disciplina de voto en algunas sesiones plenarias celebradas por este Consistorio. Se le imputan a Vilches dos faltas graves. Una por su comportamiento en el pleno celebrado el pasado 15 de marzo, donde no respaldó los presupuestos presentados por su grupo municipal para 2006, que salieron adelante gracias al voto de calidad de alcaldesa, y las declaraciones realizadas Vilches, dos días después, criticando la gestión de la regidora popular. Con estos antecedentes, no es difícil pronosticar que la concejala tiene los días contados como militante del Partido Popular, y su expulsión depende única y exclusivamente del tiempo que tarde Génova en finiquitar su expediente.