LUCES Y SOMBRAS
Manuel J. Ortega
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Los adjudicatarios de las viviendas de VPO construidas o pendientes de construir en Collado Villalba, bien en régimen de alquiler, bien de alquiler con opción de compra, después de superar la lotería de un sorteo estresante, se han encontrado a la hora de tomar posesión de las mismas con una serie de dificultades poco habituales en otros municipios.
El primer incidente se produjo en octubre del año pasado cuando 168 adjudicatarios de las viviendas construidas por el IVIMA en Los Valles se concentraron en esta zona tras comprobar que seis meses después de terminadas las obras no podían entrar en sus casas porque el Ayuntamiento no había tramitado la licencia de primera ocupación. Sólo la protesta de los afectados permitió poner fin a un asunto meramente burocrático. El segundo problema se suscitó cuando los también adjudicatarios de las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler con opción a compra promovidas por Larcovi en la calle Iluminaria, se vieron obligados a aceptar las condiciones leoninas impuestas por esta promotora que, además de aplicar con carácter retroactivo el precio del módulo aprobado por la Comunidad de Madrid el pasado 1 de abril, es decir, un año después de su adjudicación, les exigió depositar un aval bancario de 3.000 euros, aceptar la imposición de una segunda plaza de garaje y resignarse a pagar una barbaridad (más de 50 euros mensuales) en concepto de gastos de comunidad.
Pero el tema del mal rollo de las viviendas sociales en este municipio no termina aquí, y si no lean detalladamente los acontecimientos que rodean el, hasta ahora, último capítulo de este drama social: el día 8 de mayo de 2007 se celebró en el Parque Peñalba el sorteo de 110 viviendas públicas promovidas por la empresa Cimaga en el Charco de la Peña (Collado Villalba Pueblo). Año y medio más tarde, no sólo no han empezado las obras, sino que la empresa promotora ha presentado concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos). ¿Y que han hecho hecho las fuerzas políticas villalbinas para evitar esta injusticia? Nada. Como tampoco habían hecho nada por agilizar los trámites de los adjudicatarios de las viviendas del IVIMA o por solucionar los problemas de los jóvenes que tuvieron que entrar por el aro que les impuso Larcovi. Ahora habrá que adivinar qué suerte les espera a las 128 viviendas de VPO que la empresa Ortiz (la misma que construyó el polémico aparcamiento-túnel de Honorio Lozano) va a promover en las calles Chopera y Huerta, porque si a todo lo dicho le añadimos los antecedentes de esta empresa en la mencionada obra, cualquier cosa es posible. Y lo lamentable de todo esto es que al final los problemas los suelen pagar las clases sociales más necesitadas, sobre todo al verse abandonadas por sus progenitores políticos. Cierto es que hay excepciones, como la del alcalde socialista de Getafe, Pedro Castro, que negoció con la Comunidad de Madrid para que a los adjudicatarios de las viviendas sociales Los Molinos-Buenavista no se les aplicaría con carácter retroactivo la subida del precio del módulo, todo lo contrario de lo que hizo el regidor villalbino, José Pablo González, que, después de hacer numerosas promesas a los afectados terminó como al avestruz, metiendo la cabeza bajo el ala. En cuanto al problema de los adjudicatarios de las viviendas del Charco de la Peña, silencio sepulcral. Como si los afectados fueran de otra galaxia.
Fueron dos largas horas las que duró el pasado lunes el corte de luz en las dependencias municipales de Galapagar. Iberdrola ha querido así dar el primer toque de atención al resto de los ayuntamientos morosos de la Sierra para que sepan que también ellos están obligados a pasar por caja. ¿Por qué han cogido de cobaya al de Galapagar, cuando nos consta que hay otros consistorios de la zona que también adeudan a esta compañía varios meses de luz? ¿Hicieron un sorteo previo o simplemente decidieron castigar al que más debía? Al margen de los motivos, hemos de reconocer que no es bueno que a un Ayuntamiento le corten el fluido eléctrico por falta de pago, aunque reconozco que de no hacerlo Iberdrola generaría un agravio comparativo respecto a otras entidades públicas suministradas por ella y, en particular, sobre los abonados del municipio, que en caso contrario difícilmente entenderían esa discriminación.
Ayuntamientos y colectivos de la Sierra del Guadarrama programaron distintos actos el pasado martes para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, iniciativas que en algunos municipios proseguirán este fin de semana. Las concentraciones silenciosas y las manifestaciones tenían como objetivo recordar a esas 57 mujeres asesinadas en lo que va de año por sus cónyuges o ex parejas, un problema social que pese a los esfuerzos realizados para atajarlo, sigue hundiendo sus raíces en la historia, la tradición y una cultura abiertamente machista. Lamentablemente sólo una minoría de mujeres maltratadas se decide a afrontar abiertamente el problema denunciando a su agresor, tal vez ello sea consecuencia de la dependencia económica y psíquica que tienen muchas de ellas con respecto a sus maltratadores. Aún así, el año pasado se interpusieron 80.000 denuncias de las que, lamentablemente, más de un centenar se ellas se produjeron en nuestra comarca.