Redacción | Miércoles 22 de octubre de 2014
Los promotores de Fuente Elvira han sido citados por el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid para declarar como imputados por un presunto delito de estafa. El presidente y el vicepresidente de Lanzamar, Rafael Ouro Morales y Javier Garrido Valenzuela, se sentaran en el banquillo por su gestión en la fallida promoción de vivienda Los Pazos de Galapagar, en el sector urbanístico conocido como Fuente Elvira.
Según indican los afectados, la empresa gallega Lanzamar, S.A. dejó sin casa a las 50 familias que habían formalizado los contratos de esta promoción de vivienda unifamiliar. También perdieron los avales que garantizaban la devolución de las cantidades entregadas a cuenta. “Durante más de un año había resultado infructuoso el intento de notificación a Rafael Ouro en Vigo, donde supuestamente reside”, explican los denunciantes en comunicado. Finalmente, prosiguen, coincidiendo con el último exhorto de averiguación del paradero enviado por el juez instructor a la Dirección General de la Policía, “se presentó voluntariamente en el juzgado de Madrid el pasado 19 de septiembre, afirmando tener conocimiento de que se le estaba buscando, y manifestó tener domicilio en esta ciudad”. Según los vecinos, se desconoce la fecha en que los imputados tendrán que declarar, ya que Ouro ha solicitado que se le asigne letrado y procurador del turno de oficio, con intención, señalan, de “retrasar los trámites judiciales”, ya que no creen que la petición se deba a “una carencia de recursos económicos, por tratarse de un miembro de la alta sociedad gallega, armador de yates de lujo y empresario con proyección internacional”.
Rebeldía procesal
Los afectados ya han ganado una demanda civil contra Lanzamar S.A., que deberá indemnizar y pagar las costas, según la sentencia, que no ha podido ser ejecutada porque la empresa condenada, declarada en “rebeldía procesal”, cerró todas sus oficinas. Este hecho contrasta con la presentación por parte de la citada sociedad de una reclamación patrimonial al Ayuntamiento de Galapagar por importe de 24 millones de euros el pasado mes de mayo.
Los demandantes denuncian el hecho de que “una empresa, que no se ha declarado en quiebra pueda impunemente esconderse de la justicia y eludir sus responsabilidades, al tiempo que se identifica ante los tribunales reclamando derechos”. Los afectados están indignados, por cuanto estas personas además ostentan cargos de relevancia. Javier Garrido Valenzuela, que ha sido imputado por el mismo delito, es presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra (APROIN) y de la Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia (FEPROGA), y por tanto una de las personas más influyentes en el negocio gallego de la promoción inmobiliaria. Los perjudicados indican finalmente que “durante 2004, año de mayor volumen de ventas de Los Pazos de Galapagar, el señor Garrido simultaneaba la vicepresidencia de Lanzamar con la vicepresidencia de APROIN, y declaró ante el juez el pasado mes de mayo que solamente se dedicaba a hacer estudios de mercado”.