Imagen del túnel (Foto: ARCHIVO)
Redacción | Miércoles 22 de octubre de 2014
Aunque a priori parezca una absurda pérdida de tiempo rememorar los muchos incumplimientos habidos durante los dos largos años que ha durado la obra del túnel parking de Honorio Lozano - Batalla de Bailén, no está de más repetirlos a fin de evitar que nuestros futuros políticos, por el bien de este municipio, puedan volver a tropezar en la misma piedra. Estos son desde nuestro punto de vista los más destacados:
El Ejecutivo socialista rechazó la petición realizada por 4.000 vecinos para convocar un referéndum en el que los villalbinos pudieran pronunciarse sobre la conveniencia o no de esta obra; se le adjudicó la misma a la empresa que presentó el presupuesto más alto pero que se comprometía a realizar las obras en un año; no se exigió un estudio geotécnico adecuado a las peculiaridades del terreno; se cambió el proyecto en varias ocasiones para poder incluir las exigencias del Ejecutivo; la información a los vecinos brilló por su ausencia; se incumplió sucesivamente el pliego de condiciones; se admitieron prórrogas para ampliar el plazo de la obra sin sancionar a la empresa constructora; se aprobó a los pocos meses de iniciar el proyecto un complementario por importe de 6 millones de euros; se admitieron posteriormente dos modificados valorados en más de 13 millones de euros; el importe total de la obra pasó de 20 a 40 millones de euros; se pidió el dictamen del Consejo de Estado para conocer si era o no pertinente el pago del modificado económico. El punto y final (hasta ahora) a este culebrón de despropósitos ha llegado a través de la resolución emitida por la comisión permanente de ese organismo que considera favorable el informe sobre los citados modificados, basándose en las causas técnicas imprevistas originadas por las características del subsuelo. Hoy, viernes 18 de octubre, año y medio después de la fecha que aparecía en el contrato de adjudicación (mayo de 2007), el túnel parking de Honorio Lozano - Batalla de Bailén, con fuente incluida, entrará en funcionamiento tras la celebración de un pleno extraordinario donde el Ejecutivo que preside el socialista José Pablo González aplicará una vez más el rodillo de su mayoría absoluta para acallar a la oposición.
Responsabilidades
El regidor villalbino quiso utilizar como excusa para cerrar el escabroso tema del incremento del coste de la obra (de 20 a 40 millones de euros) el dictamen emitido por el Consejo de Estado donde se pronunciaba favorablemente al pago del sobrecoste, pero omitiendo la recomendación que éste hacía en el sentido de que el Ayuntamiento podría exigir responsabilidades a los autores del proyecto “si entiende que durante su ejecución se le han causado perjuicios”, añadiendo que “los responsables en su caso podrían dirigirse entonces contra los autores del estudio geotécnico por ellos contratado”, en referencia a la UTE formada por Tecnia Ingenieros y Juan Polín Guillén, este último un técnico al que el Ayuntamiento villalbino le ha encargado los proyectos de mayor envergadura de este municipio, entre ellos las tres fases de remodelación acometidas en el P-29. La posibilidad de que el Consistorio pueda emprender acciones judiciales contra los causantes de este mayor sobrecoste de la obra fue valorada positivamente por los tres grupos de la oposición (PP, IU y ADEI), invitando al Ejecutivo a tomar buena nota del contenido del dictamen y más concretamente de los párrafos donde se le invita a ejercer su derecho en beneficio de los intereses de los vecinos. Alberto Sánchez, portavoz de ADEI, fue el más tajante al respecto: “Este Ayuntamiento que lleva a los vecinos a los tribunales por no pagar el IBI, ¿no va a recurrir 14 millones?”; Carmen Rodríguez, portavoz del PP, se preguntaba: “¿Qué va a hacer ahora el alcalde? ¿Va a callarse cuando estamos hablando de que el perjuicio económico para las arcas municipales asciende a unos 20 millones de euros (modificado incluido)”. Finalmente, Ascensión de las Heras (IU) dijo: “Hay pocas dudas sobre la existencia de omisiones o errores en ese proyecto derivadas del estudio geotécnico. Una circunstancia que ha supuesto un sobrecoste del doble del precio inicial de un obra inútil que va a perjudicar gravemente a las arcas municipales. Esto lo denunciamos nosotros en su día pidiendo una comisión de investigación que el Equipo de Gobierno rechazó”.
Pese al apoyo incondicional mostrado por José Pablo González en favor de los técnicos que intervinieron en esta obra -llegó a decir que se sentía orgulloso de ellos (palabras pronunciadas durante la rueda de prensa donde se hizo público en parte el dictamen del Consejo de Estado)-, difícilmente ahora el regidor va a poder pasar página sobre los errores cometidos por los técnicos y por la dirección de obra, cuando este tribunal le invita a emprender acciones contra ellos, ya que en caso de no hacerlo tanto el regidor socialista como el propio Ejecutivo podrían correr el riesgo de ser denunciados por dejación de funciones o por prevaricación (incumplimiento de las obligaciones propias de su cargo). La incógnita debe ser cerrada por los tribunales de justicia, pues a ellos les compete dictaminar si ha habido o no irregularidades por parte de los técnicos vinculados esta obra millonaria, algo que ya en su día el grupo municipal de Izquierda Unida llegó a calificar como negligencia culposa. La pelota está ahora en manos de los responsables del Consistorio.