¿Luz al final del túnel de Villalba?

Artículo 103 de la Constitución Española. “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales...”. Y cuando ya todos nos habíamos olvidado del célebre túnel de Honorio Lozano/Batalla de Bailén, el señor alcalde de Collado Villalba anuncia que por fin recuperaremos para el uso una vía que por contrato público debía estar en funcionamiento hace un año y medio y por la mitad de lo que finalmente se ha pagado. Porque a algunos políticos les encanta engañar a la gente con aquella frase tan conocida de “a los contribuyentes no les ha costado nada”, una de las mentiras más ingeniosas jamás inventada, porque los contribuyentes son los que pagan todo, ya sea por la vía de los impuestos o por el pago de un precio a cambio de un servicio.

José Pablo González Durán se había preocupado mucho de ir diciendo por ahí que el dictamen del Consejo de Estado referente al coste del mencionado túnel no era vinculante, y lo decía por dos razones: porque tenía miedo a su resolución y porque jamás se iba a plantear dejar de pagar a la empresa concesionaria. A otras muchas empresas ya ha dejado de pagarles porque no hay dinero, pero a la concesionaria de los trabajos, nunca jamás. Precisamente él, que siempre ha presumido de ser implacablemente duro con aquel que le ha dejado en evidencia política o personal. En este caso, ni siquiera una pequeña penalización para disimular de cara a los pobres ciudadanos y contribuyentes.

Bueno, pues el Consejo de Estado dictaminó que corresponde aceptar y pagar un sobreprecio de 20 millones de euros porque efectivamente ése ha sido el mayor coste derivado de las negligentes conclusiones del estudio geotécnico sobre el que se desarrollan los trabajos de construcción. Lo más irónico es que el Consejo de Estado sugiere, y esto el Alcalde lo calla sin que nadie sepa por qué, que se pueden exigir responsabilidades a los autores del proyecto geotécnico por haber causado un gravísimo perjuicio a las arcas municipales, porque además ya se tenía la experiencia previa de la construcción del aparcamiento de la Biblioteca Municipal y se podía prever fácilmente lo que se iba a encontrar en el subsuelo. Y el alcalde dice ahora en rueda de prensa, con la mejor de las sonrisas en su boca, que tiene plena confianza en los técnicos de la obra. Sólo le faltó irse silbando para disimular de manera más evidente.
¿Cómo es posible que siendo González Durán el responsable de todas las cuestiones municipales a día de hoy aún no se haya planteado exigir las responsabilidades que el Consejo de Estado le sugiere hasta en tres párrafos del dictamen?.

En el centro de este despropósito que todavía tiene muchas derivadas que describir, se ha constituido un auténtico sindicato de personas, empresas y organizaciones aglutinadas por el señor Alcalde para intentar defender a sangre y fuego las auténticas barbaridades económicas y políticas que se han cometido en esta controvertida obra. Ya no es cuestión de discrepar (yo personalmente discrepo) de la utilidad pública de una obra que ha costado 40 millones de euros. Ahora es la misma base de la confianza ciudadana en la función pública la que está quedando en entredicho con las desafortunadas decisiones que se han ido tomando en todo este tiempo. Tal vez haya una colisión de intereses dentro de ese sindicato que desaconsejan la vía de las reclamaciones judiciales para no generar consecuencias inesperadas, o tal vez sea que González crea que el fin del mundo se acerca y haya decidido amar al prójimo en espera de la recompensa divina en el más allá.

En todo caso, José Pablo González Durán ha decidido emprender una huida hacia delante muy difícil de justificar y de entender. “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales...”.