Redacción | Miércoles 22 de octubre de 2014
Tras conocerse el contenido del informe del Consejo de Estado, hemos preguntado a los portavoces de la oposición cuál es su opinión al respecto. Carmen Rodríguez, del Partido Popular, dijo que el alcalde, José Pablo González, “en repetidas ocasiones en los últimos tiempos está demostrando que omite la verdad o descaradamente miente”. “El regidor, en rueda de prensa, sólo dijo que el Consejo de Estado aprobaba el modificado.
Lo que no quiso decir fue que el Consistorio podrá ejercer sus reclamaciones contra la ingeniería, si todo lo que se especifica como causa del modificado ha sido un mal estudio geotécnico. Si fuese así, la ingeniería también tiene derecho a recurrir contra la empresa que realizó el propio estudio”. Para la concejala, lo importante es saber que va a hacer el alcalde ahora: “¿Va a callarse, cuando estamos hablando de que el perjuicio económico que va a suponer este modificado a las arcas municipales asciende a unos 20 millones de euros?”. Para los populares, si en el informe se deja claro cuáles son las posibilidades de actuación que tiene el Consistorio en defensa de los derechos de los ciudadanos, “el regidor debería tomar muy buena cuenta de ellas y ejercerlas, porque tiene obligación de defender los intereses de los vecinos y dejar de decir que la oposición miente cuando queda demostrado que quien descaradamente miente es él”.
Por su parte, Ascensión de las Heras, portavoz de IU, indicó que este informe es “un documento que esclarece una serie de circunstancias que en su momento dieron lugar a la petición de una comisión de investigación por parte de nuestro grupo”. La edil recordó que el propio Consejo de Estado “dice que las causas imprevistas existen, por lo tanto el Ayuntamiento tiene que pagar ese modificado; pero también señala que hay pocas dudas sobre la existencia de omisiones o errores en ese proyecto inicial, derivadas del estudio geotécnico, lo que han provocado este desaguisado. Una circunstancia que ha supuesto un sobrecoste del doble del precio inicial de una obra inútil que va a perjudicar gravemente a las arcas municipales”. De las Heras recordó que la UTE Tecnia - Polín Guillén elaboró un proyecto que no se podía llevar a cabo, “por eso solicitamos en su momento una comisión de investigación”, y señaló que la contratación de esta empresa fue realizada directamente por el Equipo de Gobierno.
Finalmente, Alberto Sánchez, de ADEI, señaló en primer lugar que “es primordial que esta obra se ponga en marcha ya. Como bien dice el alcalde, el proyecto ya ha sido valorado en las urnas, refrendando su mayoría absoluta, pero lo que no ha sido valorado es su rendimiento y utilidad. Para eso hay que ponerla en marcha y ver que esta obra no vale absolutamente para nada”.
Respecto al informe del Consejo de Estado, afirma que el Ayuntamiento “no ha tenido la delicadeza de facilitármelo”, añadiendo que “es favorable con unas matizaciones: dice claramente que esta obra va a costar lo que va a costar por el informe geotécnico y que el Ayuntamiento se guarda la potestad de ir contra los redactores del proyecto, en especial contra los autores del estudio geotécnico. Así lo dice la Ley de Contratos del Estado”.
“Lo que ahora queda es que este Ayuntamiento, que lleva a los vecinos a los tribunales por no pagar un IBI o la basura, ¿no va a recurrir 14 millones de euros?”. “Este Consistorio puede ir contra ese informe que mandó redactar porque ellos mismos están diciendo que incumplía. Lo que nos llama mucho la atención es no haber visto en las declaraciones del alcalde ni siquiera la posibilidad de sopesarlo. Me parece muy precipitada la intervención del regidor hablando como si esto fuera la panacea. Hay que dar una explicación. Nosotros la pediremos en el pleno, pero lo que sí queremos dejar claro por encima de todo es que la obra se debe poner en marcha cuanto antes, para que los vecinos valoren si es o no rentable”.
“En ADEI tenemos clarísimo que este canon se va a pagar, porque el orgullo y la prepotencia de nuestro alcalde está por encima de todo y él no se puede permitir que nos echemos encima porque no se pague. Ahora bien, ¿qué más proveedores del Ayuntamiento se van a quedar sin cobrar? No sé, con el tiempo lo veremos”, concluyó el edil independiente.
La opinión de ‘El Faro del Guadarrama’
Dictámenes, transparencia y responsabilidades: tampoco ahora se puede mirar hacia otro lado
El alcalde de Collado Villalba, José Pablo González, no ocultaba su satisfacción cuando hace unos días anunció en rueda de prensa que el dictamen del Consejo de Estado acerca del modificado de la obra de Honorio Lozano era favorable, de modo que se procedería a abrir el túnel en la semana que comienza este próximo lunes, 13 de octubre. Hasta aquí, las luces, porque las sombras continúan rodeando este proyecto, máxime cuando el citado organismo consultivo ha puesto en tela de juicio el trabajo realizado por los técnicos, especialmente en lo referente a los estudios sobre el suelo donde se ejecutarían las obras. Izquierda Unida ya pidió en su momento una comisión de investigación para entrar a fondo en esta cuestión, propuesta que fue rechazada por el Equipo de Gobierno, con el regidor a la cabeza, señalando que primaría la transparencia sobre cualquier otra consideración. Atendiendo a esto, y tras leer el informe del propio Consejo de Estado, nada debería impedir ahora que esa comisión se pusiera en marcha.
El año y medio de retraso en la apertura respecto a lo anunciado inicialmente nadie se lo va a devolver a los vecinos y comerciantes afectados (tampoco las supuestas medidas para reactivar una zona actualmente casi en estado comatoso), pero junto a esto hay que reiterar una vez más que la obra ha duplicado su presupuesto, hasta dispararse a más de 40 millones de euros. El Consejo de Estado recuerda al Ayuntamiento que la ley prevé la posibilidad de actuar contra la empresa responsable en caso de que se hubiesen lesionado los intereses económicos municipales, y que ésta, en su caso, también podría hacer lo propio contra los técnicos que elaboraron los informes. No hablamos de una cantidad menor, puesto que el modificado ascendió a 14 millones de euros.
También la semana pasada el alcalde compareció ante los medios para anunciar que se había ganado el contencioso contra el Canal de Isabel II por el que este organismo debería pagar al Consistorio 12 millones de euros (otra cosa es que el Ayuntamiento también deba pagar al Canal una cantidad aún por determinar). ¿Actuará ahora el Ejecutivo que preside José Pablo González contra la empresa encargada de los informes técnicos, o acaso estos 14 millones tienen menos valor que esos 12? El problema quizá radica en la red de relaciones que ha convertido el Consistorio en poco menos que un cortijo en el que son muchos los intereses que se manejan, de modo que técnicos, servicios municipales, arquitectos y empresas llegan a confundirse en una maraña que en la obra de Honorio Lozano y Batalla de Bailén ha encontrado su máxima expresión, aunque ni mucho menos la única, puesto que hay constancia de proyectos realizados por determinados técnicos, si bien firmados luego por otras personas.
El dictamen del Consejo de Estado es favorable, es verdad, pero detrás de todo esto hay también un dictamen moral que difícilmente puede aprobarse, al margen de que la utilidad del túnel-parking todavía está por demostrarse, y más cuando el corazón comercial de Villalba ha recibido un golpe tan fuerte durante los últimos dos años y medio. Como decíamos, es imposible recuperar ese tiempo, pero, si hablamos de transparencia, éste es el momento de poner todas las cartas sobre la mesa y depurar responsabilidades. De nuevo, y aunque los coches ya circulen por el subterráneo, no se puede mirar hacia otro lado.