El Consejo de Estado culpa a los técnicos del sobrecoste de la obra

Aunque el pasado 18 de septiembre, la comisión permanente del Consejo de Estado aprobó el informe sobre el modificado de la obra del túnel y parking subterráneo de Honorio Lozano-Batalla de Bailén, por un importe cercano a 14 millones de euros, lo que sumado el precio de licitación y al complementario supone un coste total para las arcas municipales de alrededor de 40 millones, incremento que el alto tribunal atribuye a “causas técnicas imprevistas suficientes”, todo hace pensar que la polémica que ha venido rodeando esta larga y costosa obra no finaliza aquí, pese a las palabras pronunciadas la semana pasada por el alcalde villalbino, José Pablo González (PSOE), en el sentido de que en los próximos días, una vez que el modificado se someta a la aprobación del pleno y se recepcione la misma, el túnel-parking entrará en funcionamiento.

El regidor, que en esos momentos mostraba a los medios el documento con el dictamen del Consejo de Estado, se limitó a hacer publico el contenido del último punto, es decir donde se aprueba la modificación del contrato de concesión de la obra, ratificando una vez más su confianza en el equipo técnico al manifestar que: “A lo largo de los meses se han venido apuntando negligencias a los técnicos, y creo que eso no debe formar parte del debate político. Hay grupos [políticos] que hablaron de negligencias, y creo que o eso se prueba o de lo contrario deben pedir disculpas”, omitiendo en todo momento la recomendación del tribunal en donde se le sugiere al Ayuntamiento que “puede sopesar la posibilidad de exigir responsabilidades a los [técnicos] autores del proyecto”.

Graves errores técnicos
Los miembros de la comisión permanente del Consejo de Estado, después de analizar uno por uno todos los antecedentes remitidos por los servicios técnicos del Ayuntamiento, acuerda que “se han acreditado causas técnicas imprevistas de manera suficiente, y que por tanto procede aprobar la modificación contractual propuesta”.

Pero en las páginas 11 y 12 de dicho documento (párrafos omitidos por José Pablo González), dice textualmente: “Antes de concluir, sin embargo, cabe formular una observación sobre el proyecto original que dio lugar a la licitación del contrato. Fue adjudicado por el Ayuntamiento a la unión temporal de empresas Tecnia Ingeniería y Juan Polín Guillén (punto primero de antecedentes). El director facultativo de las obras, perteneciente a la primera de las empresas, pone de manifiesto en su informe graves insuficiencias en el estudio geotécnico que sirvió de base para su redacción. El subsuelo no se correspondía con el previsto en el citado estudio, sobre todo en cuanto a la roca y a la presencia de agua, y de ahí surgió principalmente, la imposibilidad de ejecutar el proyecto en la forma en que había sido planteado. Ello es especialmente relevante porque en el lugar de la obra se encuentra un aparcamiento subterráneo (el de la biblioteca municipal Miguel Hernández), por lo que se tiene previa experiencia de excavaciones en el área”.
“La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, antes citada, contiene una serie de preceptos específicos para los casos en los que se contrate por la Administración la redacción de un proyecto, y éste se revele con omisiones o errores. En el asunto consultado las omisiones y los errores del proyecto inicial, derivados del estudio geotécnico que le sirvió de base, ofrecen pocas dudas. Por ello, si se incluyeron en su día en el pliego del contrato para la redacción del proyecto indemnizaciones para el caso de que fuese necesario modificarlo, con desviación presupuestaria superior al 20 por ciento, procedería aplicarlas en los términos del artículo 218 de la citada ley. Si no, el Ayuntamiento de Collado Villalba puede sopesar la posibilidad de invocar el artículo 219 de la misma ley y exigir responsabilidad a los autores del proyecto, si entiende que durante su ejecución se le han causado perjuicios precisamente derivados de defectos e insuficiencias técnicas del proyecto. Los responsables, en su caso, podrían dirigirse entonces contra los autores del estudio geotécnico por ellos contratado”.

IU destapó el problema
El Consejo de Estado no ha hecho más que ratificar las negligencias denunciadas el pasado 7 de mayo por los servicios jurídicos de Izquierda Unida a través de su portavoz en el Ayuntamiento villalbino, Ascensión de las Heras, lo que dio origen a la petición por parte de este grupo municipal de una comisión de investigación, a fin de conocer los motivos por los cuales el proyecto inicial de la obra de Honorio Lozano-Batalla de Bailén se había incrementado en 19 millones de euros. Esta petición fue rechazada por la mayoría absoluta del grupo socialista en el Ayuntamiento. De las Heras afirmó que “nuestros servicios jurídicos señalan una serie de causas que han podido originar este sobre coste y que podrían recaer en negligencia culposa”, añadiendo que “los informes técnicos realizados previamente a la adjudicación de la obra por parte de la empresa formada por Tecnia Ingenieros S.A. y Juan Polín Guillén, reflejaba un proyecto que era imposible de realizar ni en el plazo ni en la forma prevista”. La portavoz de IU añadió que “Juan Polín, responsable del proyecto técnico, lleva desde el año 1991 realizando los proyectos de mayor envergadura de esta ciudad, y por tanto (coincide nuevamente con la exposición del Consejo de Estado) debería haber conocido el tipo de suelo en el que se iba a trabajar... También se incumplió la Ley de Contratos que obliga a la realización de un informe de riesgos operativos y tecnológicos que tampoco se hizo, sólo se presentó un informe de viabilidad económica ya que según el arquitecto municipal, Pedro Ribeiro, no era necesario realizar dicho estudio”.

Pues bien, todos estos errores técnicos son los que omitió el alcalde, José Pablo González, la semana pasada al analizar el dictamen del Consejo de Estado, interesado al parecer sólo en el hecho de contar con el refrendo de este alto tribunal para inaugurar cuanto antes una obra faraónica que durante los tres últimos años ha sido el epicentro de una fuerte polémica vecinal por su sobrecoste, que ha llevado a la ruina a muchos comerciantes, algunos incluso tuvieron que cerrar sus negocios y que, como se puede desprender de esta información, aún puede seguir protagonizando la actualidad villalbina durante mucho tiempo. Lo más grave es ver cómo los responsables de Gobierno local quieren pagar página cuantos antes (seguro que el Ejecutivo socialista no va a emprender acciones pertinentes), haciendo recaer ese sobrecoste de 20 millones de euros en los bolsillos de los villalbinos pese a que el mismo, según se desprende de ambos informes dichos informes tiene su origen en los continuos errores cometidos por los técnicos que intervinieron en la elaboración y seguimiento del proyecto. Y son precisamente esos mismos técnicos los que han recibido el respaldo de González, según manifestó públicamente éste la semana pasada en rueda de prensa.