Las cosas de Bibiana

Hasta que ella lo manejó, nunca creí que el término miembro diera más de sí de lo que nunca dio. Innumerables comentarios realizados por distintos observadores sociales marcaron posteriormente las medidas de tal estiramiento, haciéndose eco de lo que sintió la propia palabra miembro ante el ataque de su identidad con letra ‘o’ al final. Incomprensible idea fue la de propiciar un debate léxico entre distintas vocales por un único problema de feminismo; agudizado fundamentalmente, cuando la último vocal es la ‘o’ de Aído, nombre de ministra, a quien en aplicación del propio mecanismo transgresor sería más pertinente llamar ‘Aída’, cual cómica televisiva, pero que no haremos por no estar de acuerdo. Por tanto, no creo que al miembro de extremidad inferior llamado pierna nadie debe decirle pierno, por un allá que soy muy macho y ella fémina; pues la pierna es pierna, como el brazo es brazo, que no braza de nadar, por mucha nada que haya en alguna cabeza. Y si hablamos de sexualidad, al miembro masculino llamado pene, aún incluso invertido, a nadie debe ocurrírsele llamarle pena, por mucho que la tristeza invada a alguno.

Pues bien, ya metidos en harina sexual, vamos con otra medida propuesta por la misma Ministra de Igualdad que debe añadirse a la buchaca polémica de quien no para de proponer; que si biblioteca para mujeres, que si velos islámicos fuera, que si miembro igual que fistro y guay en el diccionario de la Real Academia, etc. A continuación, la última: prostitutas que ejercen forzadamente y no forzosamente. Sin un estudio riguroso que avale las cifras que maneja este Ministerio, se dice que son el 95 por ciento de ellas. Y yo me niego a creer que España sea este gigantesco proxeneta que sale de las cuentas en base de censo ultimo publicado de ellas, y que resulta la friolera de 285.000 mujeres explotadas por mafias. Nadie puede creer que las 15.000 restantes sean todas las que vienen anunciadas diariamente en las páginas de contactos de los diarios de nuestro país.

Pero vamos al plan concreto del Ministerio de Igualdad para ayudar a estas mujeres inmigrantes víctimas de la explotación sexual. Propone concederles asistencia letrada gratuita en la propia lengua de la víctima, con formación mejorada para los profesionales que las asistan, además de protección oficial; también prevé ayudas económicas de manera temporal, y para aquellas que después de un tiempo de reflexión oportuno denuncien al chulo, permiso de residencia. Todo muy bien y muy solidario, pero ¿quién ha calculado los recursos que hacen falta para llevarlo a cabo? ¿y quién controla el fraude? Miles de interpretes y traductores, miles de abogados y educadores sociales, psicólogos y otros profesionales; miles de policías cuando todavía no hay suficientes para proteger a las víctimas de la violencia de género y campañas culturales en los países de origen para advertir a las chicas que no se fíen. Todo un programa superambicioso, que con los presupuestos más austeros de las últimas décadas suena a simple propósito de intenciones, como la alianza de civilizaciones o la abolición futura de la pena de muerte en ciertos países musulmanes, por no hablar de una puerta abierta a la industria ilegítima.

Si el sexo priva de toda conciencia a quienes antes eran honorables y honrados, que diría Schopenhauer, para detener esta actividad genital incontrolable que origina el negocio donde ocupa gran espacio la mujer convertida en objeto sin quererlo, habría que comenzar por tratarlos a todos, a esos clientes que pierden la conciencia de lo que alimentan, y sancionalos, al menos, cuando se les encuentre ejerciendo de cómplices de esta explotación de seres humanos, como ya ocurre en Italia con el callejeo de la actividad. Y si no, tratar de regular de una vez por todas esta actividad que mueve un gran presupuesto sin tener siquiera que pagar impuestos y sin estar supeditado a ningún tipo de reglamentación laboral y sanitaria.