Agencias | Miércoles 22 de octubre de 2014
Los Veintisiete han llegado hoy a un principio de acuerdo en torno a la directiva europea para trabajadores cualificados o blue card. El salario mínimo de un inmigrante de los denominados cualificados que serán contratados, en alguno de los países de la Unión Europea, deberá ser como mínimo 33.000 euros brutos anuales. Sin embargo, se prevé que la directiva no sea aprobada definitivamente hasta enero de 2009.
Junto a esta directiva de límite salarial, la blue card marca otros dos criterios de obligado cumplimiento para la contratación de inmigrantes cualificados: presentar un contrato de trabajo y documentar la formación académica.
Tal acuerdo se realizó en el marco de la aprobación formal del Pacto Europeo de Inmigración promovido por la presidencia francesa, cuyo objetivo es endurecer la lucha contra la inmigración ilegal y promover la inmigración legal y la integración, según informaron fuentes diplomáticas. Tal Pacto será ratificado en la cumbre que celebrarán en octubre los jefes de Estado y de Gobierno.
España, representada por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se encuentra satisfecha con esta iniciativa porque se ha suprimido las dos cuestiones que más le incomodaban: la referencia a un contrato de integración para los inmigrantes y la intención de prohibir prácticamente las regularizaciones masivas.
El Pacto europeo pide a los Estados miembros limitarse a las regularizaciones "caso por caso y no generales, en el marco de las legislaciones nacionales por motivos humanitarios y económicos". Además, invita a los países de la UE a poner en marcha "políticas ambiciosas para favorecer la integración armónica en sus países de acogida de los inmigrantes, con la perspectiva de que se instalen de manera duradera". Estas políticas, deben descansar en el equilibrio de los "derechos" de los inmigrantes, como el acceso a la educación, al trabajo, la seguridad y a los servicios públicos y sociales, y de sus "deberes", entre los que menciona el respeto a "las leyes del país de acogida".
Además, el pacto contempla medidas específicas para favorecer "el aprendizaje de la lengua y el acceso al empleo, factores esenciales de la integración" y pondrán igualmente el acento en el respeto a las "identidades" de los Estados miembros de la UE, así como a sus "valores fundamentales", como los derechos humanos, la libertad de opinión, la tolerancia, la igualdad entre hombres y mujeres y la obligación de escolarizar a sus hijos.
En lo que respecta a la reagrupación familiar, se pretende que los Estados tengan en cuenta sus capacidades de acogida e integración respecto a las familias, en función de los recursos de éstas, de sus posibildades de alojamiento en el país de destino y, por ejemplo, su conocimiento de la lengua.
El Pacto refleja la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal, básicamente garantizando el regreso de los irregulares a sus países de origen o tránsito y pide cooperación entre los Estados miembros para que los extranjeros en situación irregular abandonen el territorio.
Asimismo, el pacto advierte de que una inmigración mal gestionada puede afectar a la cohesión social del país de destino. En este sentido, reclama tener en cuenta las capacidades de acogida del mercado de trabajo, los servicios sanitarios, escolares y sociales y resalta que las migraciones internacionales pueden ser una oportunidad porque son "un factor de intercambio humano y económico" y "contribuyen al crecimiento económico" de la UE y de sus Estados miembros.
Por otra parte, tal pacto se inclina por poner en marcha un registro electrónico de entradas y salidas igualmente a partir de 2012. A partir de entonces, cada país tendrá dos años para transponerla a su ordenamiento jurídico.