¿Memoria histórica?

El juez Baltasar Garzón ha impulsado una investigación que pretende elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes como consecuencia del golpe de Estado que llevó a la guerra civil y posteriormente a la guerra de Franco.

La iniciativa no abre una causa general para perseguir los crímenes franquistas. Lo que busca el juez es saber si la Audiencia Nacional es competente para esclarecer el paradero de miles de desaparecidos, tal y como le han reclamado 13 asociaciones que trabajan en la recuperación de la memoria histórica. Seguramente ese es el talón de Aquiles de esta decisión de Garzón: emprender una investigación judicial que requerirá mover ingentes medios humanos y materiales para concluir dentro de unos meses -quizás años- que el tribunal no es competente, tal y como sostiene la fiscalía. Lo que cabe preguntarse es si en ese caso el fin perseguido en esta fase procesal -elaborar un censo de desaparecidos- habrá justificado los medios empleados para conseguirlo. Algunos pensarán que no, pero quienes trabajan por recuperar la memoria de las víctimas creen que sí. A Garzón se le pueden formular muchas preguntas comprometedoras sobre su verdadera intención, pero la fundamental, la que deja en evidencia una de las esquinas más oscuras de nuestra reciente historia, es cómo esto que ahora reclama el magistrado de la Audiencia Nacional está aún sin hacer, porque después de 70 años, 30 de ellos vividos ya en democracia, España desconoce aún el número, el nombre, el paradero y las circunstancias en las que desaparecieron decenas de miles de ciudadanos a manos de un régimen dictatorial. Y sobre todo, por qué el peso de esclarecer esta barbaridad sigue recayendo aún, con una ley sobre la memoria vigente, sobre las asociaciones y los familiares de la víctimas y no del Estado.