LUCES Y SOMBRAS
Manuel J. Ortega
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
La flagrante crisis económica que estamos padeciendo anuncia oleadas de despidos, creciente mengua de los salarios, incremento de la jornada laboral y deterioro inmediato del llamado ‘Estado del bienestar’. Y aún así, el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero sigue hablando de desaceleración, tal vez porque lo de apretarse el cinturón no parece tener nada que ver con una clase política que se limita a observar desde sus poltronas como se deteriora la economía productiva española mientras ellos siguen disfrutando de una excelente calidad de vida. Con los productos alimenticios un 25 por ciento más caros que a principios de año, con el litro de gasolina por encima del 1,30 euros, con los tipos de interés desmadrados, con las hipotecas por las nubes, con las cifras del paro subiendo y hasta con la mayoría de los ayuntamientos al borde de la bancarrota, pues bien, con todo lo que está cayendo, ninguno de nuestros gobernantes ni siquiera se han dignado a salir a la palestra para dar explicaciones al respecto. ¿Esperarán a que la divina providencia nos saque de este embrollo?.
Vacío legal y desmadre salarial
Y si esto está ocurriendo a nivel nacional, en el ámbito municipal nuestros representantes intentan capear el temporal de esta crisis subiendo impuestos, recortando inversiones, retrasando el pago a sus proveedores, paralizando obras, etc. Cualquier medida restrictiva les parece buena salvo tocar sus sueldos, unos sueldos que en lo que respecta a los alcaldes de poblaciones con más de 50.000 habitantes de la Comunidad de Madrid oscilan entre los 40.000 euros (6.665.000 de pesetas) que percibe Julio Setién (IU), alcalde de San Fernando de Henares y los 102.000 euros (17.000.000 de pesetas) que estaba cobrando el primer edil de Las Rozas, Bonifacio de Santiago (PP), cifras que se incrementarán sensiblemente en el momento en el que se añadan los gastos ocasionados por la actividad diaria de estos políticos (comidas, desplazamientos, etc.) y los sueldos de sus conductores y personal de seguridad. Y con crisis o sin ella, mucho me temo que estas generosas percepciones van a seguir al alza salvo que lo remedie una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local o que el Congreso de los Diputados aborde de una vez por todas el anunciado debate sobre la regulación por ley del sueldo de nuestros munícipes. Y es que se ha llegado a tal desmadre que, por ejemplo, en Navalcarnero, un municipio que apenas supera los 17.000 habitantes, su alcalde Baltasar Santos (PP), ingresa anualmente en su cuenta corriente 82.373 euros por su quehacer municipal, cuando en capitales de provincia, algunas con cerca de un millón de habitantes, como es el caso de Málaga, su regidor tiene asignado un sueldo de 77.600 euros; otras, como Santander, Alicante, Murcia y Orense no superan los 75.000.
Un ex político serrano, jubilado y retirado hace bastante tiempo de la vida pública, me comentaba que este despilfarro salarial es bastante preocupante. “El sueldo del alcalde lo aprueba el pleno, como es de rigor en toda gestión democrática, pero si no se pone freno al desmadre luego pasa lo que pasa, y es a partir de ahí cuando los regidores optan por establecer los salarios de sus concejales, salarios por cierto bastante generosos (no olvidemos que tiran con pólvora del Rey), al ser conscientes de que teniéndoles contentos su gestión va a resultar mucho más cómoda”.
Una nómina millonaria
El mejor ejemplo de este abusivo y creciente aumento de las percepciones salariales de los políticos locales lo tenemos en el Ayuntamiento de Collado Villalba, donde en los últimos nueve años se han producido los siguientes incrementos: alcalde, subida del 97,8 por ciento (de 40.247 euros a 79.593); tenientes de alcalde: 134,1 por ciento (de 29.940 a 70.095 euros); resto de concejales liberados: 135, 7 por ciento (de 22.538 a 53.124 euros). La generosidad del primer edil, José Pablo González, también ha llegado hasta la jefa de la oposición, la popular Carmen Rodríguez, quien en estas dos últimas legislaturas ha visto gratificada su gestión (premio mordaza, dicen) con un incremento del 141,3 por ciento, pasando de cobrar 24.180 euros en 1999 a los 58.350 que percibe actualmente, incremento muy superior no sólo al del propio regidor sino también al del resto de los miembros del Equipo de Gobierno. Y siguiendo en este mismo municipio, les puedo decir que el Ejecutivo actual (14 ediles) le cuesta a los villalbinos la escalofriante cifra de 83.260.003 euros anuales (cerca de 139 millones de las antiguas pesetas), repartidos de la siguiente forma: José Pablo González Durán (79.593 euros), aproximadamente mil euros más que los ministros del Gobierno; los superconcejales o tenientes de alcalde Juan Concepción, Belén Sánchez, José Luis Cercas, Rosana Crespo y José A. Gómez Sierra, 70.095 euros cada uno; los concejales rasos, Beatriz Martín, Mercedes Palatucci, Juan José Morales, Eugenio Sánchez, Luis García, Amparo Ortiz y Feliciana Vázquez 53.124; y en último lugar aparece Carlos López Acosta con 30.660, cantidad que suponemos está en consonancia con la no dedicación exclusiva de este edil. A esta masa salarial se deben añadir las cantidades mensuales que perciben los partidos de la oposición (PP, Izquierda Unida y ADEI) y los generosos salarios que cobran puntualmente los cargos de confianza. Con estos números es fácil pensar que los perceptores de tan generosos sueldos se pregunten con cierta sorna, ¿dónde está la crisis?.