Agencias | Miércoles 22 de octubre de 2014
El Parlamento Europeo ha demostrado hoy su división de opiniones sobre la conocida como directiva sobre el retorno de inmigrantes. Tal directiva pareciera contar con el apoyo del grupo Popular y la mayoría liberal pero la izquierda se ha mostrado en contra de la misma, aunque todavía no ha definido su voto. Mañana está previsto que los eurodiputados voten la directiva, que ya cuenta con el respaldo de los ministros, por lo que, de salvar el trámite, quedará definitivamente aprobada.
La directiva de retorno de inmigrantes todavía no está aprobada. Si bien cuenta con el respaldo explícito del grupo Popular y de una mayoría del Liberal que, sumado al de los diputados más a la derecha del hemiciclo podría ser suficiente, la izquierda se ha mostrado contraria a la actual redacción, aunque el grupo socialista aún no ha definido el sentido de su voto ante las discrepancias entre los distintos países. Izquierda Unitaria se opone a la norma, que prevé, entre otras cosas, aumentar a 18 meses el periodo de internamiento de inmigrantes sin papeles.
Agustín Díaz de Mera, miembro del Partido Popular Europeo afirma que la directiva de retorno supone un "paso firme y decidido hacia la necesaria política común en materia de inmigración, un instrumento jurídico imprescindible para salvaguardar los derechos fundamentales de los inmigrantes y una precondición para hacer progresos en la regulación de la inmigración legal".
Para los liberales, la directiva, si bien su texto no es perfecto, va en la "dirección adecuada". Sin embargo, la opinión favorable dentro de los liberales no es unánime. Lo mismo sucede con los socialistas que han presentado siete enmiendas incluyendo una para que el periodo de internamiento se quede en seis meses y no se aumente a 18.
Javier Moreno, eurodiputado español, ha defendido la postura de los españoles favorable al texto, diciendo que supone "un paso adelante hacia una política de inmigración común", pero ha defendido los cambios propuestos por su grupo como una forma de "acercar la directiva a las legislaciones más avanzadas y garantistas, como la española".
Para los Verdes, se trata de "una extensión de la política restrictiva de los países". En su intervención, Meyer ha llamado a la movilización ciudadana en contra de un marco legal que, a su juicio, sólo pretende facilitar "la expulsión de 8 millones de personas".
Por último, Dragutin Mate, ministro del Interior esloveno, ha advertido de que en caso de que el PE obligue a un proceso de segunda lectura se darían "retrasos grandes" durante los que "no se mejoraría la situación de los inmigrantes".