Luces y sombras
Manuel J. Ortega
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Hace apenas 15 días reflejábamos en esta misma sección los problemas de inseguridad ciudadana que vive nuestra comarca, algo que a tenor de las encuestas publicadas recientemente en algunos medios de comunicación es un tema que la mayoría de los españoles considera como su mayor preocupación, superando incluso a otras tan importantes como el paro o el terrorismo. Los robos, atracos y ajustes de cuentas en nuestra región están al cabo de la calle, y pese a que el delegado del Gobierno, Constantino Méndez, ha vuelto a decir que los índices de delitos han bajado en los últimos meses, las estadísticas ponen de manifiesto que en lo que llevamos de año se ha duplicado, al menos en la Comunidad de Madrid, el número de asesinatos cometidos en relación con el ejercicio anterior.
Esto ha vuelto a abrir de nuevo el debate entre el Gobierno central y el Ejecutivo madrileño a la hora de asumir responsabilidades, o al menos eso se desprende de los recientes enfrentamientos habidos entre el propio delegado del Gobierno y el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad, Alfredo Prada. Méndez sabe perfectamente que en las zonas rurales, y más concretamente en los pueblos de la Sierra, la Guardia Civil está limitada a la hora de realizar servicios de vigilancia dada la precariedad de efectivos y de instalaciones puestas a su disposición. Hablar de incrementar estas plantillas en medio centenar de agentes o construir un par de cuarteles para mejorar la vigilancia de más de 40 municipios de la zona Norte es algo que nos produce risa, aunque el tema sea lo suficientemente serio como para no tomárselo a broma.
En cuanto a Alfredo Prada, muy dado siempre a tirar balones fuera cuando se le plantean problemas de inseguridad ciudadana, ha vuelto a insistir que este asunto es competencia exclusiva del Gobierno que preside Rodríguez Zapatero porque, entre otras cosas,“el Estatuto de autonomía de la Comunidad de Madrid le resta competencias al respecto, ya que no contempla la creación de una policía autonómica”. Esto es cierto, pero el Gobierno que preside Esperanza Aguirre nos presentó a las BESCAM como un cuerpo de élite o más bien unas brigadas especializadas en seguridad ciudadana que facilitarían la lucha contra la delincuencia, y pese a que las pagamos todos los madrileños, hasta ahora sólo realizan servicios en municipios con más de 25.000 habitantes (salvo raras excepciones), que generalmente disponen de Policía Local o incluso de Policía Nacional. Más de 1.00 agentes ya se dejan ver por Fuenlabrada, Móstoles, Alcobendas, Majadahonda o San Lorenzo de El Escorial, por citar algunos ejemplos, y la próxima hornada que saldrá de la academia en 2007 tendrá destinos parecidos. ¿Y que pasará con los pueblos de la Sierra Norte o de la Sierra del Guadarrama, como Manzanares, Cerceda, El Molar, Lozoyuela...? De momento tendrán que conformarse con rezar para que no les pase nada y continuar mendigando en Madrid una entrevista para exponer a los responsables de este área la inquietud de unos ciudadanos que pasan miedo todos los días. Claro que si algún día lo consiguen será como predicar en el desierto, porque los políticos que deben tomar las medidas necesarias para acabar con esta lacra pasan del asunto. Ellos, gracias a sus escoltas, saben perfectamente que están a salvo de las fechorías protagonizadas por las bandas de delincuentes que campan a sus anchas por nuestros municipios.
ÁRBOLES CAMINO DEL CADALSO.- Desde el mismo día que Gómez Sierra, concejal de Urbanismo de Collado Villalba, dijo que los árboles que había en el bulevar de las calles Honorio Lozano y Batalla de Bailén no tenían más valor ecológico que la sombra que daban, muchos sabíamos que estos plataneros estaban condenados a muerte. La remodelación de esta zona, con parking incluido, ha dado comienzo (hay que terminarla antes de las elecciones), y las primera víctimas han sido estos indefensos árboles arrancados de cuajo y sin contemplaciones pese a la promesa hecha por el alcalde en el sentido de que iban a ser cuidados con todo el cariño para ser transplantados en la laguna del Carrizal, promesa que muchos hemos puesto en solfa tras tener conocimiento de que la empresa encargada de la poda y posterior trasplante de estos ejemplares, algunos con más de 20 años de vida, será también la que se ocupe de plantar los nuevos árboles cuando finalicen las obras y, claro, por cada uno que muera deberán colocar siete. Vamos, que es como poner al zorro a cuidar de las gallinas. No obstante, los problemas aún están por llegar. El Ejecutivo socialista quiere que las obras de remodelación las realice la empresa que haya ofertado un plazo menor de ejecución, lo que nos hace pensar que en la sesión plenaria que se celebrará el próximo día 18, la UTE formada por Ortiz-COVER va a ser la elegida por los técnicos municipales, obviamente con el visto bueno del Ejecutivo. Al menos es lo que se desprende de la baremación hecha pública por la mesa de contratación el pasado día 14. Será a partir de ahí cuando comiencen las obras y las incomodidades para un amplio colectivo de vecinos, la mayoría de ellos figuran entre las casi 3.000 firmas presentadas por los grupos de la oposición esta misma semana en el registro del Ayuntamiento para pedir la paralización de esta obra. Otra prueba del rechazo popular a la remodelación de la calle Honorio Lozano es la convocatoria por parte de PP, IU y ADEI de una concentración popular, mañana sábado a las 12.00 horas en esta zona. ¿Escucharán nuestros gobernantes a sus vecinos?