Redacción | Miércoles 22 de octubre de 2014
El sueño que comenzó hace dos años para más de 200 personas puede acabar convirtiéndose en una pesadilla, tal como han denunciado algunos vecinos a El Faro del Guadarrama. Cuando el pasado 22 de abril de 2006 se convocó un concurso público en el que se adjudicaron 113 viviendas protegidas en venta y 116 en alquiler, promovidas por la empresa Larcovi, los vecinos se encontraron con unas condiciones económicas que distan mucho de las que se quieren aplicar en la actualidad.
Los adjudicatarios de una vivienda en régimen de alquiler por 25 años se han encontrado con que el coste prometido ha subido un 30 por ciento. Según la empresa, esto se debe a que el precio del módulo marcado por la Comunidad de Madrid ha sufrido dicho incremento, que ellos simplemente aplican.
Otro de los temas a los que hacen referencia algunos de los afectados es que los adjudicatarios de los pisos en régimen de alquiler con opción a compra se han encontrado con que aunque se mantiene el precio prometido en 2006, unos 417 euros, en varios casos se les ha “endosado” una segunda plaza de garaje sin que la solicitasen y sin información previa. Sólo por el alquiler de esta segunda plaza Larcovi solicita cerca de 90 euros, un precio que consideran excesivo si tenemos en cuenta que se trata de viviendas de protección. El problema radica en que la empresa está obligada a la construcción de 1,5 plazas por vivienda, con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en el planeamiento de Collado Villalba. En la elección de la casa ofrecieron a los inquilinos la posibilidad de solicitar un segundo espacio de aparcamiento, si bien los afectados indican que desde entonces no se les había informado del precio final ni tan siquiera de la adjudicación de la citada plaza adicional.
65 euros al mes de comunidad
Por otra parte, estos vecinos se han encontrado con que se les pide un aval bancario de 3.500 euros y se estima que los gastos de comunidad se establecerán en 65 euros al mes. Dos cuestiones duramente criticadas por los afectados, ya que en primera instancia no se les había notificado la necesidad de este aval y tampoco que los 113 adjudicatarios de una finca que cuenta con dos edificios y una reducida zona ajardinada tendrían que afrontar unos gastos de comunidad tan elevados, sobre todo si tenemos en cuenta que la urbanización no tiene piscina.
Al final, los vecinos se encuentran con que tienen que afrontar unos gastos fijos de 600 euros al mes, cifra que señalan no dista mucho de la que se pediría por una vivienda libre de similares características.
Malestar de los vecinos
Algunos de los afectados han puesto esta cuestión en conocimiento del Ayuntamiento. El concejal de Urbanismo, Juan José Morales, ha admitido el malestar de los vecinos y ha asegurado que se mantendrá una reunión con la Comunidad de Madrid en los próximos días para consultar estas nuevas condiciones. “Entendemos que no se debería aplicar esta subida en el caso del alquiler a 25 años, ni tampoco la solicitud de un aval bancario por esa cantidad cuando hablamos de vivienda de protección oficial”, aseguró el edil.