El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha convocado para el 10 de agosto un referéndum para revocar o ratificar su mandato. Esta iniciativa supone un hito en la historia del país, ya que es la primera vez que se celebra en Bolivia una consulta de estas características, según destacó el propio presidente. El motivo, la corrida autonómica que se inició en Santa Cruz.
Morales dijo que esta nueva ley de convocar a referendo permite que el pueblo no solamente tenga derecho a elegir, sino también “el derecho a revocar el mandato de quienes no sirven o no atienden” las demandas populares.
“El pueblo boliviano tendrá derecho a resolver las diferencias de las autoridades electas”, señaló el presidente boliviano, en alusión a la difícil situación política que afronta, enfrentado a los gobernadores de los cuatro departamentos ricos y autonomistas como Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.
El referéndum revocatorio del 10 de agosto tendrá lugar después de que los ciudadanos de Pando, Tarija y Beni acudan a las urnas en junio con el fin de dar su voto de apoyo o rechazo a sendos textos de estatutos autonómicos, siguiendo el ejemplo de Santa Cruz.
Para evitar todo tipo de suspicacias sobre las garantías de transparencia, el presidente invitó a todos los organismos internacionales “a ser participantes y veedores, porque el que no hace daño no tiene miedo a nadie. Estoy totalmente abierto a la comunidad internacional, para que sea un referendo revocatorio transparente”.
Sin embargo, las primeras reacciones de dirigentes políticos y líderes regionales opositores coincidieron en señalar que la consulta revocatoria no significa una solución definitiva a la crisis política que afecta también a la gestión económica de Bolivia, con una inflación preocupante.
Los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando declinaron ayer la invitación del presidente Morales a dialogar en La Paz porque consideran que no existen las mínimas condiciones que habían fijado la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Iglesia católica, pero sí aceptaron el reto de la convocatoria del referéndum revocatorio.