El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado que el Gobierno español ampliará el plazo máximo de internamiento de los extranjeros que entren en el país irregularmente para facilitar las repatriaciones. El tema es ahora materia de debate en la Comisión Europea debido a la directiva europea sobre inmigración ilegal que prevé un máximo de internamiento de seis meses.
Pérez Rubalcaba ha querido dejar claro que esa normativa comunitaria no supondrá en ningún caso un recorte de derechos para España. El nuevo reglamento, ha añadido, ofrece un acuerdo de mínimos obligatorios para todos ya que actualmente hay algunos países de la UE donde el trato a los inmigrantes irregulares no está legislado y carece de la necesaria tutela judicial. No obstante, estos extremos no se dan en España, ha destacado el ministro, gracias al carácter garantista de la ley española en lo que respecta a los derechos de los sin papeles.
No obstante, Pérez Rubalcaba ha descartado que, si la normativa en el Parlamento europeo sale adelante, vaya a suponer cambios en la ley española en vigor, ya que ésta incluye actualmente e incluso supera en algunos casos las garantías y derechos que propone la directriz comunitaria.
A continuación, Pérez Rubalcaba ha asegurado que la ley europea propone un plazo máximo de permanencia de seis meses para garantizar que se da el tiempo necesario para llevar a cabo las devoluciones, un proceso "dolorosísimo" y en el que "todo el mundo arrastra los pies", en palabras del ministro.
En consecuenci, Rubalcaba ha apuntado que esta directiva permitiría al Gobierno ampliar "algo más" los 40 días que actualmente puede estar un inmigrante irregular en un centro de internamiento para "sortear las dificultades" que se presentan durante el proceso. En cualquier caso, ha recordado que España es uno de los países que más repatría actualmente y ha recalcado que no es "necesario" llegar a los seis meses que plantea el texto.
Frente a la negativa de algunos países a la normativa europea, el ministro ha vinculado su postura al temor de sus respectivos gobiernos de "ver constreñida su capacidad de actuación", ya que, ha enfatizado, en varios Estados de los Veintisiete los procesos de internamiento sólo están controlados por las administraciones públicas. Algo que desaparecería si la directriz sale adelante otorgando garantías judiciales a todos los extranjeros que entren de manera irregular en la UE.