El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
La Unión Europea debate la directiva de retorno de emigrantes sin papeles que supone una reducción de las garantías legales respecto a la propuesta de la Comisión presentada en 2005. El voto de España será decisivo para que salga adelante la norma. Para lograr la minoría de bloqueo son necesarios 80 votos y España tiene 27.
La nueva directiva es mucho menos garantista que el proyecto de la Comisión de hace dos años y medio, ya que propone reducir el control de las autoridades judiciales en los procesos de retención de los inmigrantes sin papeles. Como regla general la propuesta inicial exigía que las órdenes de internamiento se dictaran "por autoridades judiciales". Ahora, el "internamiento podrá ser decidido por las autoridades administrativas o judiciales".
Una modificación importante es que en el proyecto de 2005 el límite máximo de detención era de seis meses, "con control de las autoridades judiciales, por lo menos una vez al mes". Ahora se permite la detención hasta los 18 meses en casos en que pueda prolongarse la "operación de expulsión debido a la falta de cooperación" del afectado o "por demoras en la obtención de la documentación necesaria que deban expedir terceros países". También se permite la detención de menores no acompañados.
El proyecto inicial de la Comisión fue rechazado porque no resolvía los problemas de los países que sufren una presión migratoria más fuerte como España, Italia y Francia, que a la vez disponen de la legislación más proteccionista. Al mismo tiempo, también era rechazada por los países con legislaciones más duras como Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta y Holanda, que tienen periodos de detención ilimitados y consideran la directiva una limitación de sus facultades.
La propuesta que ha encontrado la presidencia eslovena es un punto de equilibrio, que supone más garantías para los emigrantes sin papeles en los países que ahora pueden ser detenidos indefinidamente y expulsados por simple declaración verbal. Sin embargo, permitirá endurecer la legislación en España, Italia y Francia.
La posición de España será decisiva. Si la directiva se aprueba hoy con el texto actual, entonces ya sólo quedará pendiente de su aprobación por el Parlamento Europeo, el 5 de junio. Las posiciones en la Eurocámara están muy divididas incluso en el seno de la mayoría de los partidos.