El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Santa Cruz, la región más rica de Bolivia, donde se encuentran las reservas de gas y petróleo, desafiará a Evo Morlaes con un referéndum de autonomía. La tensión aumenta a medida que se aproxima la hora de la apertura de las urnas, el próximo domingo. La consulta ha sido declarada ilegal por el gobierno de Morales, el cual ha hecho un llamamiento a la abstención.
La idea del referéndum se inspira en el modelo autonómico español y dota a las nuevas autoridades regionales de amplias competencias, la más importante: la gestión de los recursos económicos propios y la creación de una Hacienda cruceña encargada de negociar con el Gobierno de La Paz el aporte económico que Santa Cruz deberá hacer al resto del país.
El texto también habla de "nacionalidad", "identidad histórica" y "derecho al autogobierno", términos que le han valido la acusación de separatista. A diferencia del proyecto de Morales, que reconoce la cooficialidad de una treintena de lenguas indígenas, el estatuto de Santa Cruz proclama al castellano como única lengua oficial de la región, aunque se compromete a respetar "las lenguas nativas".
La convocatoria de la consulta ha colocado las relaciones entre las autoridades locales y el Gobierno de Evo Morales en un punto de enfrentamiento inédito. Mientras el mandatario boliviano acusa a los promotores del Gobierno de "oligarcas separatistas".
Por su parte, las autoridades de Santa Cruz han hecho oídos sordos a las advertencias del Tribunal Nacional Electoral, que ha recordado que es el único legitimado para convocar un referéndum de este tipo. Esto ha provocado una auténtica guerra en la que desde Santa Cruz se anima a la participación, mientras que desde el Gobierno se recuerda a los ciudadanos que no están obligados ni a votar ni a formar parte de las mesas de votación y a los medios de comunicación que no tienen que respetar la jornada de reflexión.
Centenares de policías han sido enviados a la región para evitar que el domingo se produzcan choques, sobre todo en las zonas de preeminencia quechua y aimara como San Julián, Yapacuní y El Torno. El desplazamiento ha provocado las reticencias de los partidarios del sí, dado que estas fuerzas no vigilarán los colegios electorales porque el Estado no reconoce la legalidad de la consulta. Ante esta situación, las autoridades de Santa Cruz han creado una fuerza policial denominada Guardia Civil.
La tensión llagó a su punto máximo la semana pasada cuando Santa Cruz decidió desconectarse del sistema informático a través del cual las regiones bolivianas rinden cuentas al Ministerio de Economía. La respuesta del Gobierno central fue automática y congeló los fondos de la región. Días depués, las autoridades cruceñas justificaron la desconexión diciendo estaban realizando unas "tareas de mantenimiento" y volvieron al redil informático.
Paralelamente, prosiguen los llamamientos al diálogo entre las dos partes. La Organización de Estados Americanos ha enviado una misión especial para tratar de sentar en la misma mesa a representantes del Gobierno con líderes autonomistas. Los autonomistas cruceños son conscientes de que nada de lo que se vote puede entrar en funcionamiento si no hay un acuerdo previo con el Gobierno central y en el entorno del presidente boliviano existe un sector moderado que aboga por evitar que la situación quede totalmente fuera de control.