Paola F. López | Miércoles 22 de octubre de 2014
La Concejalía de Medio Ambiente de Galapagar está intentando acabar con lo vertidos de escombros en el municipio. Y ayer mismo dio un importante paso al conseguir un decreto de Alcaldía, para terminar con una de las más graves infracciones ambientales que se están produciendo en dos parcelas de la localidad desde el final del pasado verano.
Ante las denuncias de algunos vecinos del entorno de Suertes Nuevas, en el límite con Collado Villalba, sobre el abundante acopio de escombros y otro tipo de vertidos, el Ayuntamiento envió a la Policía Local para que comprobase esta situación hace varias semanas. Pero los arrendatarios de las parcelas 14 y 15 de este polígono 4 han seguido recibiendo “más de 70 y 80 camiones diarios de escombro de obra al día”, según explica a El Faro del Guadarrama uno de los vecinos denunciantes.
Ante la gravedad de los hechos, el concejal de Medio Ambiente, José Luis Díaz, acudió ayer en persona, acompañado de una patrulla de Policía, para comprobar la situación e identificar a los conductores que estaban realizando allí vertidos de residuos inertes.
Estos casos, que no son los primeros que se producen en el municipio, esconden una motivación económica, puesto que cada camión paga una cantidad que oscila entre 70 y 150 euros por descargar sus escombros, dependiendo del tonelaje de su carga, según revelaron a este periódico los propios conductores en otro punto de vertidos ilegales, también situado en Galapagar. Teniendo en cuenta las estimaciones más modestas de los vecinos afectados, en estas dos fincas se estarían vertiendo a diario al menos medio centenar de camiones, lo que supondría unos ingresos de más de 3.500 euros al día.
Con esta gran cantidad de áridos y piedra se han levantado montañas de inertes cercanas a los 10 metros de altura. Los propios vecinos, que llevan meses padeciendo el ruido y el polvo que ello conlleva, aseguran que además se está realizando una actividad irregular de clasificación de áridos. “Las rocas son cribadas para producir áridos que luego se venden para la construcción”, explicaban los afectados. Esta actividad debería contar con una licencia municipal y superar la preceptiva declaración de impacto ambiental de la Comunidad de Madrid.
Además, el propio concejal ha podido comprobar cómo en estas fincas se han estado quemando residuos, como plásticos, ruedas y palés de madera. Los denunciantes tampoco olvidan que ambas parcelas “se encuentran en suelo protegido por el Ayuntamiento, como monte preservado”. Una de ellas, además, se encuentra dentro del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama.
De momento, los agentes forestales han abierto un expediente, que se está tramitando en el departamento de Disciplina Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente.
Los vecinos también denunciaron los hechos ante el SEPRONA el pasado mes de febrero, si bien la Guardia Civil estimó que el Ayuntamiento es el organismo encargado de regular y controlar las actividades en su término municipal.
Ahora que la Concejalía de Medio Ambiente ha intervenido comunicando a los responsables el citado decreto de Alcaldía, cabe esperar que respeten el plazo dado para cesar la actividad. En caso contrario, han sido advertidos de que la finca será precintada.
En cualquier caso, los servicios jurídicos del Consistorio de Galapagar estudian ahora los cauces para que el terreno afectado sea obligatoriamente restaurado y para concretar las sanciones y las vías más efectivas para llevarlas a cabo.