LUCES Y SOMBRAS
Manuel J. Ortega
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Las presuntas malas relaciones entre dos conocidos constructores locales, según dice esta semana la página web colmenarejo.net, ha impedido a Mercadona instalarse en esta localidad. Esta empresa de alimentación llevaba bastante tiempo intentando afincarse en Colmenarejo, y con este fin inició el pasado año los contactos con el Ejecutivo local para hacerse con la parcela propiedad de PC Jufema (situada en el Polígono Fuente del Conejo) tras conocerse la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que otorgaba la propiedad de la misma al Ayuntamiento.
No obstante, el recurso presentado por dicha empresa ante el Tribunal Supremo paralizó dicha transmisión. Aún así, Mercadona prosiguió en su empeño de encontrar terreno para poder ubicar un supermercado, contactando poco después con un conocido constructor local, propietario de unos terrenos situados entre las rotondas El Rápido y Las Abejas. Dado que esta finca estaba calificada como residencial, era preceptivo hacer una modificación puntual del PGOU para convertirla en terciaria, de ahí que las partes decidieran ponerse en contacto con el Ayuntamiento para plantearle al Ejecutivo que preside Isabel Peces Barba un convenio por el que, a cambio de dicha recalificación, las partes le cederían unos terrenos colindantes con el supermercado para construir la futura sede de la Policía Local. Una vez consensuado el acuerdo entre el propietario de los terrenos, empresa de alimentación y APIC, solo faltaba que los otros dos grupos que forman el gobierno ‘tripartito’ (PSOE e IU), diesen el visto bueno a la operación y lo ratificaran en pleno. Y es ahí donde saltó la sorpresa. Según la citada web, la enemistad existente entre el constructor propietario de dichos terrenos y el también constructor y ex alcalde Benito Elvira (actual edil del PSOE), echó por tierra esta operación al negarse los socialistas a apoyar la imprescindible recalificación diciendo además que “si Mercadona quiere instalarse aquí tendrá que esperar a que aprobemos un nuevo Plan General”. También se comenta que el grupo municipal socialista de Colmenarejo incluso llegó a amenazar con romper el pacto de coalición con APIC si estos continuaban apoyando dicho convenio, amenaza que en caso de cumplirse dejaría en situación de ingobernabilidad al municipio. El tema ha levantado numerosos comentarios en esta localidad, donde se ha vuelto a poner de manifiesto que los intereses personales entre familias muchas veces se anteponen a los del interés general de los vecinos.
Cuando alguien hace una obra de caridad, da una limosna o ayuda a una familia con problemas, la Biblia lo tipifica como buen samaritano. Y esto me viene a la memoria tras ver la entrevista concedida el pasado lunes por el edil de Urbanismo de Collado Villalba, Juanjo Morales, al Canal 7 de televisión, en el transcurso de la cual Luis de la Calle le preguntó al edil sobre el polémico Plan Parcial del Cañuelo (situado junto a la ITV) donde el Ejecutivo tras ver que quedaban desiertos los dos concursos convocados para enajenar 25 parcelas de 500 metros destinadas a las construcción de otros tantos chalés, optó por aprobar un Plan Parcial a fin de convertir los citados unifamiliares en cuatro bloques para construir 100 viviendas en altura, 30 de ellas de VPO. Bien, el samaritanismo del concejal responsable del área de Urbanismo se produce cuando le dice al entrevistador de Canal 7 que el único motivo que había para cambiar la tipología de estas parcelas era el de facilitar la compra de dichas viviendas a los más jóvenes y a las familias con menos poder adquisitivo del municipio, “porque ¿quién iba a comprar chalés de 100 millones?. Pues mire usted, señor Morales, la calificación de unifamiliar se la pusieron ustedes cuando aprobaron el PGOU y si ahora apuestan por el bloque abierto es porque así podrán paliar en parte la menguada tesorería municipal. El resto, como dicen en mi tierra, ‘sonche contos’
Hoy finaliza la cuarta jornada de paros convocados por el sindicato sanitario FEMYTS en la Comunidad de Madrid iniciada el pasado lunes y que ha afectado a los médicos de familia, pediatras, médicos del SUMMA 112 y facultativos de los servicios de Asistencia Rural (SAR). Como suele ser habitual en estos casos, es difícil poder hablar del número de trabajadores que ha seguido esta huelga ante la guerra de cifras que nos muestran unos porcentajes bastante contradictorios, porque mientras la Consejería de Sanidad habla de un 20 por ciento, los portavoces sindicales la sitúan por encima del 80 por ciento. De una u otra manera, y pese a que los servicios mínimos funcionaron perfectamente, los grandes perjudicados han vuelto a ser los usuarios de la sanidad pública, pues no es fácil suplir el quehacer diario de 4.000 médicos vinculados a unos 350 centros de Atención Primaria por los servicios mínimos establecidos o por el de urgencias. Esperemos que este pulso redunde en beneficio del paciente y que las reivindicaciones hasta ahora rechazadas por el consejero José Güemes sean finalmente aceptadas, sobre todo aquellas tendentes a frenar la huida de médicos a la sanidad privada y a las comunidades autónomas limítrofes y que se afronte de una vez por todas una reorganización profunda en la asistencia pediátrica, además de flexibilizar las jornadas del personal sanitario que permitan conciliar la vida laboral y familiar.