LUCES Y SOMBRAS
Manuel J. Ortega
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Aunque pronto se cumplirán tres años desde que el alcalde de Collado Villalba, José Pablo González, anunciase a bombo y platillo “la buena disposición política mostrada por el Ministerio de Fomento para acometer cuanto antes las obras de soterramiento de la A-6 a su paso por esta localidad”, a día de hoy les puedo decir que este proyecto está totalmente bloqueado y que las posibilidades de que esa obra se haga realidad (la inversión ascendía entonces a unos 70 millones de euros), son muy remotas.
Recuerdo perfectamente el día que el alcalde me llamó para darme la que él denominó como la noticia del siglo para los villalbinos (posiblemente aún no rondase por su mente la construcción del parking-túnel de Honorio Lozano-Batalla de Bailén, cuya utilidad muchos ponen en duda). Bien, mientras tomábamos café en el bar Concejo -¡qué tiempos!- un González exultante me decía: “Ayer, gracias a Rafa Simancas, conseguí reunirme con el secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán y éste me ha anunciado que hay una buena disposición política por parte del ministerio para abordar el soterramiento de la autopista, concretamente del tramo comprendido entre el puente del Zoco y el de Covico (1.000 metros aproximadamente). También parece haber una buena disposición por parte de Iberpistas, que a fin de cuentas es la que tendrá que sufragar el coste de la obra a cambio de aumentar el periodo de explotación de la vía de peaje. ¿Te imaginas lo que va a suponer para nuestro municipio recuperar casi 40.000 metros cuadrados para uso público y conseguir una nueva centralidad urbana?”.
La verdad es que hasta me lo imaginé, pero el paso del tiempo me ha ido demostrando que todo aquello se ha quedado en papel mojado, en expediente con telarañas abandonado a su suerte o en un simple cuento de la Cenicienta. Y saco esto a colación no para poner en tela de juicio la gestión del alcalde villalbino en este asunto (no tiene competencias al respecto), sino por la decepción que hemos sufrido tras conocer la ratificación de Magdalena Álvarez como ministra de Fomento, porque sabida es su poca o nula predisposición a la hora apoyar este tipo de proyectos. Así pues, conformémonos con el nuevo e insulso puente construido sobre la autopista desde la zona de Los Valles (pagado por Iberpistas en compensación por la nueva ampliación de la autopista), aunque su utilización sea mínima al carecer de los accesos adecuados. Pero eso es harina de otro costal.
Según fuentes de toda solvencia, la Comunidad de Madrid tiene previsto despachar en los próximos meses la mayor parte de los PGOU presentados por los ayuntamientos serranos. Es más, me aseguran que uno de los primeros en recibir el placet del Ejecutivo regional será el de Valdemorillo, que proponía la calificación de 1.826 hectáreas con un techo de población de hasta 40.000 habitantes (actualmente cuenta con un censo de 10.000). La propuesta del Equipo de Gobierno valdemorillense prevé convertir 549 hectáreas en suelo urbanizable sectorizado para conseguir una edificabilidad de 8.576 viviendas y para las 1.277 restantes se pedía la calificación en suelo urbanizable no sectorizado para desarrollos futuros. Se dice que Esperanza Aguirre tenía previsto hacer bastantes recortes, sobre todo en el número de viviendas.
El segundo PGOU en avanzado estado de aprobación es el de San Lorenzo de El Escorial que cuenta, entre otras novedades, con un atractivo crecimiento cero en el núcleo urbano, una protección máxima del Monte Abantos y fincas colindantes, un parque empresarial destinado a empresas limpias y la creación de un nuevo núcleo de desarrollo urbano en la zona de Monesterio (colindante con Los Negrales), donde se piensan levantar 6.000 viviendas. También se comenta que habrá tijeretazo y en esta primera fase el número de casas no pasará de 2.000.
La inseguridad ciudadana y el paro se han convertido en las dos preocupaciones más importantes para los vecinos de la Sierra del Guadarrama. El número de actos delictivos habidos en los últimos meses en nuestro entorno y la pasividad mostrada por el Gobierno central a la hora de aumentar los efectivos policiales en esta región ha provocado una gran preocupación entre un vecindario que se ve impotente tanto a la hora de defender su patrimonio como su propia integridad física. Esperanza Aguirre, presidenta del Ejecutivo madrileño, en la reunión que mantuvo el pasado 10 de septiembre con Rodríguez Zapatero, le propuso la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Interior para la adscripción a nuestra región de 3.000 agentes y 1.000 miembros de la Benemérita. Bien, a día de hoy no ha habido respuesta alguna.
Pero si el problema de seguridad es preocupante, el del paro puede convertirse en un drama para muchos serranos. El parón del sector de la construcción, columna vertebral en la que se ha venido sosteniendo la economía de nuestros municipios, ha empezado a padecerlo casi todo el sector comercial de una comarca que vive única y exclusivamente del sector servicios. Desgraciadamente, de esta crisis tampoco se van a librar las miles y miles de familias inmigrantes que se afincaron en esta zona gracias a la oferta de trabajo habida en los últimos años. Así, pues, futuro incierto y preocupante para todos.