José Ramón Regueiras: “Antolínez opta por anularnos todo por la vía del decreto”

José Ramón Regueiras (39 años, licenciado en Educación Física, casado y con cuatro hijos) es el portavoz del Partido Independiente Popular de Hoyo (PIPH) y, desde hace dos meses y medio, él, sus seguidores y el resto de grupos que le apoyan, consideran que es el nuevo alcalde de Hoyo de Manzanares. Tras la fallida moción de censura contra el regidor, José Antonio Antolínez, el 28 de enero, por el error de voto de una concejala, Regueiras y sus compañeros de moción (IU y PSOE), siguen luchando para acceder a la Alcaldía, que el cabeza de lista del PP aún conserva en frágil minoría. De momento, la mayoría plenaria de estos grupos de oposición ya les ha servido para dejar al alcalde sin sueldo.

Tras la fallida moción de censura presentaron un recurso de reposición. ¿Cómo se ha resuelto?
El recurso de reposición sólo lo puede resolver el órgano contra el que va dirigido; esto es, el pleno.

¿Entonces tiene que ser el pleno el que decida sobre el resultado de aquella moción y si se tiene en cuenta el error de la concejala?
Sí. Nosotros ya solicitamos un pleno para ello, al contar con más de un cuarto de los concejales. El alcalde tiene el deber de convocarlo, pero no lo hizo. Entonces, por ley, si a los 15 días no lo convoca, queda convocado para dentro de 10 días. Pero Antolínez utiliza de nuevo el decreto de Alcaldía para desconvocarlo. Él ha optado por anularnos todo por la vía del decreto, porque está interesado en llevar el caso a la vía judicial, para que pase el tiempo. Finalmente, celebramos el pleno el mes pasado, y la mayoría apoyó mi candidatura como alcalde.

¿Algún organismo tendrá que reconocer la legalidad de esta situación, para determinar quién es el alcalde de manera oficial?
Hemos consultado con varios abogados, que nos recomiendan seguir por la vía administrativa, para conseguir nuestro objetivo sin tener que pasar por juicios. Esto último supondría esperar mucho tiempo, que es lo que quiere Antolínez para aguantar en el puesto toda la legislatura.

Ante esta situación, ¿quién tiene que decidir?
Por un lado los jueces y, por otro la Comunidad de Madrid. El órgano encargado es la Dirección General de Cooperación con la Administración Local. Antolínez recurrió allí y su responsable, Jaime González Taboada, ya ha respondido al Ayuntamiento. Su respuesta viene a decir que lo que estamos haciendo es legal.

¿Y qué más van a hacer?
El PSOE ya ha abierto dos vías en el contencioso administrativo. Se ha presentado por la vía de los derechos fundamentales. En este caso se resuelve bastante más deprisa, en unos seis u ocho meses. Además, esperamos que la Delegación del Gobierno tome cartas en el asunto.

Y siendo el PIPH un partido de derechas, ¿no habría sido más fácil alcanzar un acuerdo de gobierno con el PP que con grupos de izquierdas?
El problema inicial surgió antes de las elecciones. Nosotros somos gente del Partido Popular. Pero este grupo del PP no aceptó al candidato que elegimos en la Ejecutiva local y en Génova les apoyaron para poner a Antolínez de candidato. Luego, tras las elecciones (PP obtuvo 4 concejales y PIPH 3), nos llamaron de Génova y llegamos a un acuerdo con el PP regional, pero Antolínez no lo quiso aceptar.

¿Porqué cree que no quiso pactar y gobernar con el PIPH?
A mí me decía que la única forma de acuerdo era que yo me fuera con ellos como tránsfuga. Quería que yo quedase desprestigiado políticamente, porque así me eliminaba como un rival para el futuro.

¿Por qué no se conforman con seguir en la oposición, como aseguraron tras las elecciones?
Eso pensábamos, pero la situación se empieza a degradar ante la prepotencia y malas formas de Antolínez con los concejales y con los vecinos. Entonces, el portavoz de IU, José Ramón Mendoza, nos propone sentarnos a hablar, para ver las posibilidades de que los tres grupos alcanzáramos acuerdos de gobierno. A finales de noviembre empiezan las conversaciones, que duran un mes. Acordamos hacer un programa común para gestionar el Ayuntamiento como una empresa, al margen de ideologías.

¿Y qué ha pasado con el sueldo del alcalde?
El regidor estaba cobrando 60.000 euros brutos al año y en el pleno decidimos por mayoría retirarle la dedicación exclusiva. Esto supone que ya sólo cobra los 21.000 euros brutos que cobran al año todos los concejales por las asistencias a plenos y comisiones.