Navalquejigo vuelve a ser ‘okupa’ 14 meses después del desalojo

Un año después, Navalquejigo vuelve a ser okupa, después de que la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid haya revocado el fallo del Juzgado número uno de San Lorenzo de El Escorial por el que se precintaron las viviendas de este poblado y se procedía al desalojo del mismo. Fue a finales de febrero de 2007 cuando, en un aparatoso dispositivo, se procedió al desalojo de Navalquejigo, que se saldó con la detención de 12 personas por un presunto delito de usurpación. Sin embargo, los okupas no se fueron muy lejos, ya que se instalaron en caravanas y autobuses aparcados junto a este antiguo poblado de origen medieval, abandonado desde hace años.

Ahora, un año y dos meses después, la Audiencia Provincial ha dado un giro a esta situación, dejando sin efecto el desalojo, al estimar que el juez de San Lorenzo “no escuchó a todos los vecinos de la finca para acordar esta medida cautelar”.

“Falta de legitimidad”
También se hace referencia a la “falta de legitimidad” del denunciante, ya que éste ya no era el propietario, puesto que había vendido los terrenos a una constructora. Igualmente, el auto señala que la zona, en contra de lo manifestado por el denunciante, no se encuentra en estado de ruina.

La abogada de los okupas, Lola Rico, destacó que la sentencia no dejaba lugar a dudas, puesto que debería haberse llevado a cabo un “deshaucio civil”, puesto que el denunciante había pedido el desalojo por el supuesto estado de ruina de las casas, y en ningún caso por “usurpación”. Sin embargo, añadió la letrada, el procedimiento se llevó por la vía penal, error al que se suma el hecho de que la denuncia no fue presentada por el verdadero propietario de estos terrenos.

La Guardia Civil notificó en la mañana del sábado la orden de desprecintar las viviendas, noticia que fue recibida con entusiasmo por parte de los okupas, que recordaron que desde que llegaron a Navalquejigo, en 1995, han mejorado la zona, haciendo habitables las viviendas y organizando distintas actividades.
“Es un gusto volver a dormir aquí”, señalaba a principios de esta semana uno de los okupas, felicitándose por esta decisión judicial que les convierte en “inquilinos legales”. Otro de ellos recordaba el día del desalojo como una pesadilla: “Nos trataron como delincuentes”, señalaba, para a renglón seguido añadir que ahora toca limpiar y poner orden en el que -y ahora con el amparo de la justicia- sigue siendo su hogar.

Se cierra el paréntesis que se abrió el 27 de febrero de 2007

Hace algo más de un año, en la edición de El Faro del Guadarrama del 2 de marzo de 2007, dedicábamos este mismo espacio en páginas centrales a la crónica de un desalojo que ponía fin a una década de okupación. Ahora aquello se traduce en un paréntesis. “Lo que estamos haciendo es vivir, ésa es nuestra mayor rebeldía: habitar un lugar abandonado y desolado como era éste hace 10 años y al que le hemos devuelto la vida. Este pueblo está recuperado gracias a nosotros, y lo que vamos a hacer es vivir aquí hasta que llegue una orden del juez que diga que tenemos que abandonar estas viviendas”, comentaba poco antes del desalojo Ángel García, uno de los okupas. “Llevo desde 1987 en el pueblo, que estaba abandonado desde los años 80. Había zarzales por todas las cosas. Llegamos aquí y poco a poco se fue rehabilitando una vivienda; luego vino más gente y se empezó a formar un proyecto de vida”, señaló Sergio Vicente.
“Me levanté y me encontré con varios guardias civiles. Nada más”, resumía Laura el proceso que se vivió en la mañana del martes 27 de febrero de 2007.
“Nos han tratado como a delincuentes, pero salimos con la cabeza bien alta, con dignidad. Ha sido una actuación desproporcionada”, indicaban entonces. Ángel, uno de los okupas más veteranos, añadía: “Ahora mismo, para nosotros lo más importante es que nos quedamos sin vivienda, en una situación nada clara y con una evidente cantidad de irregularidades”. Y de inmediato la abogada Lola Rico, tal como recogió este periódico, daba las claves que anticipaban la solución que esta misma semana ha llegado de la mano de la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid: “Se ha llevado a cabo un procedimiento por usurpación, cuando en principio se trataba de un desalojo por estado de ruina que se debía seguir por la vía civil, no por la penal. No es una usurpación, porque entraron en un sitio que estaba vacío y que luego fue comprado. Ellos ya vivían aquí cuando Miguel Ángel Olmos compró el poblado, por lo que se debería haber llevado como deshaucio en precario”.

A la derecha, dos imágenes correspondientes al día del desalojo, el 27 de febrero de 2007.