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Cruce de acusaciones entre los policías del caso del ácido bórico

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:13h
Los jefes se sienten chantajeados por los peritos que vincularon 11-M y ETA. La juez del caso del ácido bórico, Gemma Gallego, ha ordenado que se realice un examen psicológico a dos de los tres peritos que hicieron un informe en el que vinculaban el 11-M con ETA.
La juez ha adoptado esta decisión en el curso de una denuncia por coacciones que han presentado esos dos peritos (Isabel López y Manuel Escribano) contra el jefe de la Unidad Central de Analítica de la Policía, José Andradas, y el jefe de la sección de la Unidad de Análisis, Francisco Ramírez.

Escribano y López son los mismos peritos que firmaron el informe que establecía una vinculación directa entre el 11-M y ETA sobre la única base de que se había hallado ácido bórico en casa de un implicado en el 11-M y en la de un etarra.

Este nuevo proceso por coacciones es distinto del caso del ácido bórico -utilizado por los medios afines a la teoría de la conspiración para vincular el 11-M y ETA-, pero intervienen en él los mismos protagonistas, ya que también está siendo instruido por la juez Gallego, del Juzgado 35 de Madrid. En este nuevo proceso, los jefes policiales involucrados dicen sentirse "chantajeados" e incluso hablan de "insubordinación", mientras que dos peritos denunciantes sostienen que están siendo objeto de un "trato degradante" y de "humillaciones" por hacer el informe sobre el ácido bórico.

Este proceso surge a raíz del atentado de la T-4 de Barajas. Andradas y Ramírez ordenaron entonces analizar urgentemente cuantiosas muestras del atentado. Y dijeron que se utilizase para ello todas las instalaciones del departamento necesarias, incluidas las dependencias donde suelen trabajar Escribano y López. Éstos estaban de vacaciones y al volver, se sintieron "humillados y vejados" por esa decisión y denunciaron a Andradas y Ramírez ante la misma juez del caso del ácido bórico, asunto éste que será juzgado el día 12 en la Audiencia de Madrid.

La juez ha ordenado que se practique un examen psicológico a Escribano y López. Andradas y Ramírez aceptan que se practique esa pericia, aunque han pedido a la juez que los psicólogos, antes de hacer el informe, hablen con todos los compañeros. La juez lo ha rechazado.
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