El PP privatizará la gestión de la Escuela de Música

No estaba en el orden del día, pero una moción de Montearroyo en relación a la privatización de la gestión de la Escuela Municipal de Música dio lugar al debate más intenso en el pleno celebrado en El Escorial en la tarde del miércoles. Este grupo señaló que la decisión del Ejecutivo no estaba justificada y que había sido tomada de manera unilateral, mostrando su rechazo a la misma y pidiendo que, en todo caso, en las bases de concesión se asegure la continuidad de “todos los puestos de trabajo actualmente existentes, transformando en indefinidos aquellos que sean temporales, cumpliendo con ello el convenio colectivo vigente para los empleados municipales”.

El portavoz de Montearroyo, Emilio Ramírez, señaló que no veía la necesidad de cambiar el modelo de gestión, mientras que su compañero Jorge Badiola añadió que la Escuela de Música era uno de los escasos logros del anterior Ejecutivo del Foro Progresista, añadiendo que este concurso se había publicado con “agostidad”. Por su parte, el anterior edil de Cultura, José Manuel Fernández Fau, pidió que se frenase la privatización, y señaló que la mejor muestra de su buen funcionamiento es que había pasado de 47 alumnos en 2003 a 480 en la actualidad, con 17 profesores de alto nivel, 35 especialidades, 12 agrupaciones y un gran fondo instrumental. Todo ello, dijo, con un gasto anual de unos 230.000 euros, mientras que el precio de licitación ahora se fija en 400.000.

El guante lo recogió en primera instancia la portavoz popular, Concepción Vicente: “La gestión no nos parecía la apropiada, pero esto no va a suponer una pérdida de calidad, todo lo contrario. No entendemos esto como una privatización, sino como un cambio de actitud hacia los profesionales que prestan sus servicios, regularizando su situación”. Facturas sin registro de entrada, modificaciones presupuestarias, falta de informes de intervención, anarquía en el préstamo de instrumentos y el hecho de que las horas impartidas no se correspondiesen en algunos casos con las abonadas fueron algunos de los ejemplos esgrimidos desde el Equipo de Gobierno a la hora de justificar el cambio. El alcalde, Antonio Vicente, reconoció el buen funcionamiento de la escuela desde el punto de vista docente, pero aseguró que era necesario “mejorar la gestión económica, porque hay verdaderas irregularidades”. Finalmente, y ya en el turno de ruegos y preguntas, la concejala de Cultura, Vanesa Herranz, señaló que el coste de este servicio estaba bastante por encima de los 230.000 euros de los que había hablado su antecesor en el cargo: “Sólo en los sueldos de los laborales y profesionales hay 311.000 euros, y eso sin contar horas extras y gastos de teléfono del director, que son casi iguales que los de la Policía”. Por otra parte, aseguró que el pliego de condiciones del concurso recogía la obligación de contar con el personal laboral, manteniendo todas las especialidades salvo algunas de danza.

La moción fue finalmente rechazada, con el único apoyo de los dos ediles de Montearroyo, la abstención del Foro Progresista y el voto en contra del Partido Popular.

Más control sobre las obras
En este pleno se aprobó también una ordenanza de obras en la vía pública, de modo que, según explicó el edil de Urbanismo, Ignacio González Velayos, las empresas suministradoras (Iberdrola, Canal de Isabel II, Gas Natural...) “tendrán que presentar un plan de instalación y de servicios”. El objetivo es reforzar el control del Ayuntamiento sobre este tipo de actuaciones, evitando la “constante apertura de zanjas” en las calles, además de garantizar la seguridad y regular el horario de los trabajos. La propuesta recibió el apoyo de Foro Progresista y Montearroyo, si bien la portavoz de este primer grupo, María Asunción Martínez Presa, señaló que esperaba que la iniciativa no se quedara en un “brindis al sol”; mientras, el edil independiente Emilio Ramírez incidió en la necesidad de “optimizar la plantilla” para garantizar el cumplimiento de la ordenanza. También se aprobó la convocatoria de dos nuevas plazas de cabo, con lo que la Policía contará en breve con nueve, y un reglamento de honores y distinciones que sucede al de 1955. En este sentido, la edil de Protocolo, Concepción Vicente, anunció que alrededor del 11 de junio, festividad de San Bernabé, se celebraría un pleno extraordinario para entregar los títulos que se determinen.