Las deficiencias en el proceso de solicitud de citas y las barreras impuestas por algunas administraciones están dejando a miles de personas en un limbo legal, vulnerando sus derechos y exponiéndolas a situaciones de grave riesgo.
Desde la implementación de la reforma del sistema de citas para solicitar asilo, Arcópoli y otras organizaciones sociales han señalado repetidamente que estas medidas están perjudicando a las personas migrantes más vulnerables, especialmente en lo que respecta a quienes intentan formalizar su solicitud dentro del territorio español. En particular, las personas que se encuentran en ciudades como Madrid, deben enfrentarse a un sistema colapsado en el que resulta prácticamente imposible obtener una cita mediante los números de teléfono habilitados, que no son respondidos pese a realizar cientos de llamadas.
Este problema no se limita a Madrid, sino que se extiende a otros territorios donde también se han denunciado irregularidades en el acceso a las citas. Muchas personas LGTBI+, ante la imposibilidad de acceder al sistema en sus lugares de residencia, han optado por trasladarse a otras comunidades autónomas con la esperanza de que allí puedan ser atendidos. Sin embargo, se encuentran con un nuevo obstáculo: la exigencia de presentar un certificado de empadronamiento que acredite su residencia en la comunidad donde intentan formalizar su solicitud. Esta práctica contraviene la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que en ningún momento establece la obligatoriedad del empadronamiento en el lugar de solicitud.
Citas de asilo y el mercado ilegal
Además, lejos de eliminarse, el mercado ilegal de citas sigue floreciendo. Arcópoli ha comprobado que en plataformas como Mil Anuncios se siguen ofreciendo citas para la solicitud de asilo a precios que varían entre los 120 y los 350 euros. Esta situación es especialmente preocupante, ya que demuestra la ineficacia de las medidas gubernamentales para erradicar estas prácticas y proteger a quienes buscan refugio en España.
El silencio atronador de la administración
Arcópoli ha intentado intervenir de manera constructiva para buscar soluciones a este problema que afecta a todo el territorio nacional. Desde hace meses, la organización ha solicitado varias reuniones con las autoridades competentes, incluyendo la jefatura de la policía en Madrid, para proponer alternativas que podrían mejorar el acceso a las citas de asilo. Una de las propuestas más destacadas es permitir que las asociaciones que trabajan directamente con migrantes y solicitantes de asilo actúen como intermediarios entre estos colectivos y el Ministerio del Interior, facilitando un acceso seguro y equitativo al sistema de citas. Sin embargo, estas propuestas han sido ignoradas hasta la fecha.
“Es inaceptable que, en un gobierno que se define como defensor de los derechos humanos, miles de personas LGTBI+ sigan siendo excluidas de un sistema de asilo que debería protegerlas”, declaró Luis Fernando Rosales, coordinador general de Arcópoli. “El Gobierno debe actuar de manera inmediata para garantizar que todas las personas que buscan asilo en España puedan acceder al sistema sin tener que recurrir a redes ilegales o enfrentar obstáculos administrativos injustificados.”
Arcópoli insta nuevamente al Gobierno a revisar el actual sistema de citas y a eliminar las barreras que impiden que las personas LGTBI+ y otros solicitantes de asilo accedan a la protección internacional. La organización también reitera su disposición a colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones que garanticen un acceso justo y transparente al sistema de asilo en todo el territorio español.
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