Así de contundente se ha mostrado el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, en la rueda de prensa de la Junta de Portavoces de este viernes.
El dirigente socialista ha explicado que sus servicios jurídicos están estudiando los textos desde que se presentaron, y es que habría "hasta tres líneas diferentes para poder llevarlos a los tribunales": La primera radica en la forma en la que se registraron las proposiciones del PP, que fue por vía de "urgencia" en los tres casos, y es que "no había justificación para esta urgencia" porque las leyes LGTBI no han provocado problemas en siete años, mientras que en las modificadas por la de Simplificación -que cambian 15 normas- tampoco lo aprecia.
Por otro lado, el fondo de la Ley de Simplificación, que la compara con la Ley Ómnibus, es un modelo de norma que estaría regido por la Unión Europea que exigiría que las leyes que se cambian de un golpe estén "relacionadas entre ellas": "Esto es un totum revolutum que no tiene nada que ver y que busca cambios de varias normas por la puerta de atrás".
En cuanto al procedimiento, basándose en las "convocatorias y desconvocatorias" de varios órganos de la Asamblea, especialmente tras el informe de los servicios jurídicos que apuntaba a "problemas" legales en la modificación de Telemadrid en la Ley de Simplificación.
"Puede que haya errores de planes, procedimientos, informes previos... Puede que esta sea también una posibilidad para interponer un recurso", ha considerado, sin descartar elevarlo al Constitucional.
Sobre el polémico expediente académico de Ayuso
Lobato ha relacionado las "prisas" por aprobar la Ley de Simplificación con el requerimiento del "Consejo de Transparencia de que la Comunidad de Madrid de traslado del expediente académico" de la presidenta regional.
A este respecto, considera que con esta norma, el PP busca que este organismo pase a estar "bajo el control" de la Consejería de Presidencia y que, además, "han medido los tiempos para que el registro de las proposiciones de ley coincidiera con el día que se conocía el pacto PSOE-Junts y que la aprobación sea el Día de la Lotería".
"Es un Gobierno que no quiere que nadie vigile nada, que ningún órgano fiscalice nada, y que trae una ley que pretenden aprobar deprisa y corriendo durante esta semana, acabando el próximo viernes 22 de diciembre después de la lotería. Una ley que elimina el Consejo de Transparencia, que impide a los consejeros del Tribunal de Cuentas que vaya a haber a partir de ahora, puedan fiscalizar nada en absoluto de lo que haga la señora Ayuso", ha concluido.