Apenas dos años han pasado desde el inicio de las emisiones de Decisión Radio y ya se encuentra al borde de la bancarrota. De acuerdo con fuentes de la emisora, Ángel de la Rúa intentó sin éxito expandir desproporcionadamente el proyecto inicial de radio en streaming mediante la adquisición de emisoras piratas. La falta de experiencia en el sector por parte del empresario de la limpieza, sumada a las ventas nulas, hacen que el proyecto sea inviable. Desesperadamente, la dirección de la cadena de radio ha intentado aumentar capital para mantener a flote este desastre empresarial, pero todos los esfuerzos han sido en vano.
Javier Algarra tuvo que abandonar la cadena por falta de pago, a pesar de que presume tener entre sus figuras a conocidas caras de la comunicación españolas como Alfredo Urdaci, Javier Algarra o Albert Castillón. Por su parte, Alfredo Urdaci siguió los pasos del periodista catalán.
Según fuentes relacionadas con la emisora, Decisión Radio se enfrenta a varios problemas, siendo el mayor de ellos su situación económica. Además, la empresa está sujeta a múltiples sanciones administrativas que resultarán en multas millonarias. Esto se debe a que gran parte de la emisora opera en frecuencias piratas. Al parecer, Ángel de la Rúa podría estar consciente de que pronto recibirá una avalancha de multas por transmitir en postes sin licencia.
La dirección de la emisora es consciente de la ilegalidad de la mayoría de sus postes, como ya hemos mencionado anteriormente. Hace unos meses, el senador de Compromís Carles Mulet envió un informe al Gobierno central sobre este proyecto radiofónico, el cual no fue ignorado y aparentemente tendrá consecuencias trágicas para la cadena. En su informe, el senador recordó que la Ley General de Telecomunicaciones establece sanciones de 2.000.000 de euros por cada poste ilegal de la emisora.
Los expedientes sancionadores podrían estar a punto de cerrarse, según fuentes cercanas a la secretaría de Estado para las Telecomunicaciones. De esta manera, se busca asegurar el respeto a aquellos que obtuvieron concesiones en un concurso y proteger sus derechos. Además, se pretende salvaguardar los derechos de los oyentes al garantizar una recepción adecuada de las emisiones y prevenir interferencias que puedan afectar a otros servicios.
La racionalización del espacio radioeléctrico, según fuentes del ministerio, también se considera un tema de salud pública debido a la alta producción de radiaciones. En palabras de las mismas fuentes, en muchas ocasiones se superan los límites legales de potencia. El comunicado afirma que se está trabajando para ordenar el espacio radioeléctrico y evitar emisiones ilegales. Por esta razón, mantienen contacto constante con las diferentes administraciones implicadas para lograr una máxima eficiencia y eficacia en el proceso de normalización del espacio radioeléctrico.
Ángel de la Rúa se verá obligado a poner fin a un proyecto que ha sido un fracaso en lo económico y lo periodístico, dado que las posibles multas por los postes ilegales podrían sobrepasar los 10.000.000 de euros. Seguiremos informando sobre la calamitosa situación de la cadena.
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