El pasado sábado, El Faro del Guadarrama publicaba la noticia relacionada con la denuncia de la Fiscalía de Madrid, tanto contra el alcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna, como contra la concejala delegada de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, Susana Villarreal Bárcena, ambos pertenecientes al grupo municipal de ‘Vecinos por Moralzarzal Participa!’, por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa, artículos 404 y 74 del Código Penal”.
Nuestro periódico digital, daba en primicia la noticia sobre la resolución tomada por la Fiscalía de Madrid a través de un Decreto de la Ilma. Fiscal Jefe, que decía textualmente: “Las diligencias de investigación referidas al margen, se incoaron con fecha 6 de Septiembre de 2018. Estudiados los hechos y realizadas las investigaciones pertinentes, se tienen por concluidas y se acuerda su remisión, junto con la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, contra Juan Carlos Rodríguez Osuna y Susana Villarreal Bárcena, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa previsto en los artículos 404 y 74 del Código Penal y conforme a lo preceptuado en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, así como en los artículos 259 y siguientes de la L.E. Crim., al Juzgado de Instrucción decano de Colmenar Viejo para su turno y reparto, interesando se comunique a esta Fiscalía el número de Diligencias Previas y Juzgado Competente.
Notifíquese al denunciante para su conocimiento y efectos oportunos y procédase a las anotaciones oportunas en el Registro de esta Fiscalía”
El PP denunció los hechos en 2018
Según informó el Partido Popular de Moralzarzal y así lo recogía El Faro del Guadarrama en la edición del sábado, los populares habían presentado el mes de julio de 2018, una denuncia por considerar y apreciar nueve irregularidades cometidas por el entonces equipo de gobierno municipal, presidido por Rodríguez Osuna. “Entre estas irregularidades se encontraban contrataciones sin expediente administrativo previo o informe desfavorable o acciones sin expediente o informe previo”, explicaban desde el PP desde el PP de Moralzarzal”.
Por todo ello, los populares acusan al Gobierno de Rodríguez Osuna de “abusar de manera flagrante de la modalidad de contrato menor a la hora de contratar, así como de superar ‘los importes permitidos por la Ley”.
Corresponde ahora a los tribunales pronunciarse sobre un asunto que afecta al menos a 90 facturas, todas ellas emitidas entre los meses de agosto y septiembre de 2017 y que se encontraban paralizadas “al gestionarse mediante compra directa, sin ningún tipo de contrato”, dice la denuncia.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Colmenar Viejo ya ha solicitado, según ha podido saber este periódico, como parte de las diligencias previas, el envío de expedientes sobre contratos menores de lo ejercicios 2016/17, en formato digital, que fueron remitidos en junio pasado a la Fiscalía, como consecuencia de la denuncia del PP de Moralzarzal.
Finalmente, además del texto, la Secretaría general del Ayuntamiento de Moralzarzal también enviará al juzgado toda la información requerida. Por su parte, tanto el alcalde, como la concejala también implicada, manifiestan sentirse “muy tranquilos ante los hechos, ya que todos los expedientes están supervisados por la Secretaría y la Intervención Municipal y fueron enviados al Tribunal de Cuentas, en tiempo y forma”, indicaron.
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