Las investigaciones judiciales sobre la exalcaldesa de Valdemorillo van más allá de la posible contaminación por los 800 kilos de pilas enterrados en un espacio protegido de la Red Natura 2000. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Lorenzo de El Escorial, también sigue a la exregidora valdemorillense por un presunto delito de prevaricación administrativa. Tanto ella como el que fuera concejal de Hacienda, Luis Entero, están denunciados por vulnerar supuestamente la Ley de Contrato en la adjudicación para la limpieza de la zona donde se encontraron las baterías, según recogía ABC el pasado viernes.
Las presuntas irregularidades ya fueron advertidas el pasado 29 de junio del año pasado por la propia Intervención del Ayuntamiento de Valdemorillo, que consideró que la contratación de este servicio dividido en tres lotes y entregado a tres empresas por un total de 193.600 euros no se ajusta a la ley, indicaron las mismas fuentes, “al no seguirse el procedimiento legal establecido y al no permitirse la pública concurrencia, de modo que no se conoce si realmente los precios y las facturas son acordes al mercado”, señaló el interventor municipal.
“Extrema urgencia y emergencia”
Según estas fuentes, las indicaciones del informe remitían a la aprobación del gasto por el gobierno de Progesistas de Valdemorillo, alegando “extrema urgencia y emergencia” para afrontar la obligación de actuar el mismo día 18 de ese mes para afrontar la obligación de actuar en el punto limpio de la Dehesa de Valdemorillo, atestada de podas y otros residuos prohibidos. Este trabajo, abordado tras la denuncia de Ciudadanos (Cs), entonces en la oposición y ahora al frente del Consistorio con el PP, se encargó la empresa Agrocarburos S.L. (58.055,80 euros), Agrotabaco S.L. (58.055,80) y Trabajos Forestales Domínguez S.L. (77.488,40) euros.
La antigua alcaldesa adjudicó los 193.600 euros con el argumento de que el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid habían avisado de que había un alto riesgo de incendio en esta zona protegida. Así, tras limpiar y precintar la Dehesa, se hallaron hasta 800 kilos de pilas enterradas oxidadas y sulfatando, susceptibles de contaminar el subsuelo.
La investigación judicial se centra de momento en recabar toda la información sobre el caso, como refleja un auto del pasado 5 de noviembre, solicitando información al Ayuntamiento. En su denuncia, Ciudadanos (Cs) defiende que podría haberse incurrido en fraccionamiento de contratos, ya que Agrocarburos y Agrotabaco comparten sede social y además, constan diferentes facturas para el mismo servicio, concluye ABC.
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