El pasado lunes, 8 de abril, la Policía Judicial (Guardia Civil) entraba en el Ayuntamiento de Galapagar para requerir información al Consistorio. La intervención de los agentes ha durado varias horas. A partir de ahí la rumorología ha recorrido el pueblo sobre los asuntos en los que los agentes han pedido documentación.
‘Unidas por Galapagar’ muestra su preocupación ante la gravedad de los hechos. “Otra vez Galapagar vuelve a salir en los medios, asociado a la posible corrupción política. Por tanto exigen que el Ejecutivo popular, de forma inmediata, dé las oportunas explicaciones públicas sobre la situación actual del Ayuntamiento y cuál ha sido lo intervención de los agentes en las dependencias municipales.
Desde los grupos que forman ‘Unidas por Galapagar’ a lo largo de esta legislatura y, en anteriores, han denunciado casos de corrupción de los que se ha tenido conocimiento y se han exigido comparecencias públicas y/o responsabilidades políticas. Así en el último pleno ‘Unidas por Galapagar’ pidió la comparecencia del alcalde por las informaciones que aparecieron en los medios de comunicación que la vinculan presuntamente con distintas tramas de corrupción política, pero se negó a comparecer voluntariamente por lo que habrá que esperar al último pleno de la legislatura para que podamos escuchar sus explicaciones.
Denuncia ante la Cámara de Cuentas
Dentro de las competencias de la oposición, está el control y fiscalización de las funciones del gobierno y los grupos que integran la coalición de ‘Unidas por Galapagar’ han sido los únicos que, en esta legislatura, se han convertido en el azote de las controvertidas acciones del Partido Popular. Prueba de ello es la denuncia ante la Cámara de Cuentas, las innumerables quejas ante el Defensor del Pueblo o las continuas peticiones de comparecencias. En ‘Unidas por Galapagar’ creemos que es necesaria una mayor transparencia y que se depuren todas las responsabilidades que deriven de la investigación y que puedan afectar tanto a la actual corporación como como la futura que salga de las urnas, porque abogan por una corporación limpia de corrupción.
“Desde ‘Unidas por Galapagar’ no se comparte la afirmación realizada por fuentes municipales de que un registro judicial o un requerimiento de información con presencia policial durante horas y horas, como ocurrió el pasado lunes en el Ayuntamiento de Galapagar “es común y muy habitual entre administraciones, quizás el Partido Popular esté acostumbrado a los registros policiales o judiciales en sus ayuntamientos, pero nos negamos a normalizar los registros o requerimientos judiciales por presuntos delitos cometidos en el Ayuntamiento de nuestro pueblo”.
Denuncia ante la Cámara de Cuentas
El 23 de junio de 2018, el diario El País denunciaba unas supuestas irregularidades en la gestión del equipo de gobierno del PP de Galapagar presido por Daniel Pérez Muñoz. Esta información, firmada por Esther Esteban, recogía entre otras irregularidades “la duplicación de la contratación de prestaciones, la existencia de servicios sin cobertura contractual, la realización de obras sin autorización del órgano competente, la omisión de información a la Cámara de Cuentas, el reconocimiento extrajudicial de créditos de manera innecesaria y el abuso de reuniones retribuidas por la Junta de Gobierno”
La oposición, según El País, denunciaba que los contratos menores “se usan para necesidades periódicas a las que correspondería, por su importe, otro tipo de licitación que cuente con mayores controles. De esta forma se eluden las normas de publicidad y procedimiento. Entre el año 2015 y 2018, según este diario, se destinaron cuatro millones y medio de euros a este tipo de contrataciones, muchas de ellas destinadas a las mismas empresas, que tienen contratos mayores en vigor con el Ayuntamiento”.
Retribuciones encubiertas
“Además, desde el inicio de legislatura hasta finales de 2017, se celebraron en Galapagar 251 juntas de gobierno local, 132 de carácter ordinario y 119 extraordinarias. La cantidad excesiva de estas últimas -decía El País- de debía, presuntamente, porque de esta forma dos concejales del Partido Popular que no tenían asignado sueldo por no contar con dedicación exclusiva y que solo perciben dietas, se embolsaban por ‘cada junta’ 300 euros. Al celebrarse dos sesiones cada semana, podría estar encubriéndose una retribución para dichos ediles.
También la oposición de Galapagar denunciaba por entonces, entre otras irregularidades, “los reconocimientos extrajudiciales de crédito al considerar que existía ocultación de datos” desde el año 2017. “Esta figura -aclaraba El País- permite justificar el pago a los proveedores por un servicio prestado o un suministro entregado sin contrato alguno, una figura excepcional para casos muy concretos. En Galapagar, sin embargo, es un procedimiento que se utiliza en demasiados casos” presuntamente para eludir la “normativa de contratación”, concretaba la Cámara de Cuentas.
Si (
No(
