La alcaldesa de Torrelodones declara en el juzgado por la licencia de una finca de eventos en el Parque Regional

La alcaldesa de Torrelodones, Elena Biurrun y su esposo y Concejal de Urbanismo, Santiago Fernández, han prestado declaración en el Juzgado número 5 de Collado Villalba como investigados por la situación de licencia de una finca dedicada a la celebración de eventos que estaría ubicada en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, la declaración se ha producido en calidad de investigados dentro de la investigación que está llevando a cabo el Juzgado de Collado Villalba. En la denuncia de la Fiscalía se recoge que los supuestos hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación urbanística y de un delito de prevaricación.

Así en el escrito se indica que al parecer las fincas estarían situadas dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y que los empresarios no habían recabado calificación urbanística de la Comunidad de Madrid, ni licencia municipal de funcionamiento exigibles por tratarse de actividades que estarían contempladas por la ley de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid y por la Ley de Suelo.

Actividad sin licencia

Supuestamente, según el escrito, desde la alcaldía y la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, al parecer, se habría consentido la actividad “a sabiendas de no contar con la calificación urbanística de la Comunidad de Madrid, ni la licencia municipal habilitante” y presuntamente “no se habían ejercitado las potestades administrativas e inspección y sanción que en relación con ellas les imponía ejercer la citada ley 17/1997.

Por su parte en declaraciones a Europa Press, el concejal de Comunicación, Ángel, Guirao, ha explicado que la alcaldesa y el edil de Urbanismo y Medio Ambiente “están a disposición de juez en representación del Ayuntamiento”.

“Los propietarios de la finca mantienen en paralelo un contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos implicados (en relación también a más municipios), contenciosos que se están produciendo en otras provincias y que al estar ganando después van contra las Ayuntamientos que han cerrado las fincas por el lucro cesante”, han concluido.