Posible prevaricación en el Parque del Guadarrama por presuntas irregularidades en una concesión

Tres altos cargos del Gobierno Regional, según Telemadrid, están siendo investigados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Colmenar Viejo, por presuntas irregularidades en una concesión en el Parque Nacional de Guadarrama

Concretamente han llamado a declarar a Ricardo Riquelme, ex director general de Medio Ambiente, a Ismael Hernández, responsable de Espacios Protegidos y Pablo Sanjuanbendito, codirector del parque tras una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Por un canon de 2.000 euros anuales, la Consejería de Medio Ambiente sacó a concurso el terreno en junio de 2014 que se acabó adjudicando en agosto de ese mismo año a la única empresa que se presentó a la licitación.

El terreno, de 8.500 metros cuadrados, fue inaugurado en noviembre de 2016, fecha en la que fuentes de Ecologistas en Acción habían informado a la Consejería de Medio Ambiente sobre las irregularidades que estaban teniendo lugar.

La adjudicación no era legal según la Fiscalía

No obstante la empresa encargada del servicio se marchó en otoño de 2017 y el Gobierno regional les tuvo que indemnizar en la cantidad de 314.000 euros.

La entidad ecologista considera que la denuncia en la Fiscalía demuestra que la adquisición “no era legal”. Y la propia Comunidad de Madrid reconoció “errores graves en el procedimiento, ya que no fue el adecuado y estableció unos usos que no son autorizables en un espacio protegido”. En este sentido, denuncian que el 12 de diciembre de 2018 se volvió a sacar la licitación con otro pliego de condiciones y se desconoce si se va a adjudicar. “Espero que recapaciten y que no sigan adelante”, señalan desde la organización ecologista.

Por otro lado, también el actual subdirector General de Espacios Protegidos y el codirector del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama “están siendo investigados” en relación a “un procedimiento administrativo por los el que se investigaron unas casas forestales en ‘La Pedriza’ según fuentes del Gobierno regional que también han añadido “la defensa procesal de los funcionarios a través de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid por considerar que “no ha existido ninguna conducta punible por su parte”.