“Los autores de este artículo sobre publicidad institucional y medios de comunicación, Dardo Gómez, exsecretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas y Pedro Gómez, Coordinador Estatal de Políticas Mediáticas de Podemos, han abordado un tema tan complejo como lo es el dinero público destinado desde las instituciones públicas y sobre todo, desde los ayuntamientos, más en épocas previas a la celebración de unas elecciones municipales, donde algunos políticos no tienen escrúpulo alguno a la hora de comprar voluntades en los medios locales, cuyos dirigentes son de ‘su cuerda’. Esta política de compra de voluntades por parte de los alcaldes a algunos medios informativos, sobre todo durante los últimos años, donde la crisis económica hizo estragos en la débil tesorería de estos modestos medios locales, a cambio de generosas inserciones publicitarias a cargo de las tesorerías municipales, una situación de sufrió sobre todo El Faro del Guadarrama en la época en la que este se editaba en papel prensa. Fueron tres legislaturas ¡doce años!, de penurias, los mismos que estuvo al frente del Ayuntamiento de Collado Villalba el alcalde socialista José Pablo González Durán, que destinaba ingentes cantidades de dinero público al capítulo de publicidad institucional en prensa y radio, vetando a EL Faro del Guadarrama, medio crítico con los desmanes del regidor socialista. Al final, JP perdería las elecciones por goleada, inmerso en algunos escándalos, entre ellos los viajes y estancias en hoteles de lujo con los adjudicatarios de la obra del túnel-parking de Honorio Lozano, lo que le obligaría abandonar la política tras el batacazo recibido posteriormente en las urnas, mientras este periódico, ahora de edición digital, está a punto de cumplir cuarenta años de vida y es el decano de la prensa de la Sierra del Guadarrama.
Tras este preámbulo, relacionado con el siempre polémico asunto de la publicidad institucional y de la compra de voluntades, reproducimos hoy un artículo que ‘CTxT’, una conocida revista de León que publicó el día 3 de marzo de 2017, firmado por los antes mencionados (Dado Gómez y Pedro Gómez), bajo el título : “Publicidad institucional. ¿Compra de voluntades?”, donde se recogía un caso basado en las siempre oscuras relaciones existentes entre la administración pública (sobre todo ayuntamientos y diputaciones) y los medios de comunicación locales, comarcales o provinciales.
A principios de febrero de 2017, se conoció que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, había confirmado la resolución dictada en su momento por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León, por el que se fijaba una indemnización de 160.676,78 euros a favor de Servicios Generales de Comunicación y Gestión S,L, empresa editora de iLeón.com. El fallo aportó información sobre las oscuras relaciones existentes entre algunas administraciones públicas y los medios de comunicación
Repartos arbitrarios e ilegales
Según la citada resolución judicial, la Diputación Provincial de León, había discriminado desde enero de 2012 en la adjudicación de la publicidad institucional a esta publicación que le había demandado. En sus fundamentos, el tribunal responsabiliza a la Diputación “por los repartos arbitrarios e ilegales que sus responsables políticos y gabinetes de prensa han realizado con la publicidad institucional”
Los editores de iLeón entienden que el fallo ofrecía “una garantía del ejercicio de la prensa de forma libre e independiente y alejada de los intereses espurios de político de turno” y que sientan un gran precedente jurídico que consolida un escenario en el que se impida el uso del dinero público para forzar líneas editoriales”.
Y justamente de eso se trata. Los políticos que están al frente de las administraciones utilizan nuestro dinero para ‘alquilar’ las voluntades de los medios de comunicación. Esta mala praxis, que conlleva una larga serie de “daños colaterales” para el Derecho a la Información, es práctica bastante habitual en todos los niveles administrativos y en gran parte de los municipios y autonomías.
Casos en la Comunidad de Madrid
Lamentablemente este caso no es aislado, así en su etapa de alcaldesa de Madrid, Ana Botella benefició a medios afines al PP con el reparto de las inversiones publicitarias, privilegiando a medios como ABC y Cadena Cope, cuando ambos no cumplían con las condiciones de audiencia y difusión establecidos. Entre 2013 y 2015 el Ayuntamiento de Madrid repartió más de 21 millones de euros en publicidad institucional favoreciendo, sobre todo al diario La Razón por encima de diarios como El País y El Mundo, de clara mayor difusión.
La Comunidad de Madrid, presidida por entonces por Esperanza Aguirre y, posteriormente, por Ignacio González, también fue investigada por este tipo de corruptelas, ya que el grueso de la publicidad fue a parar a la cuenta de resultados de medios ideológicamente afines al PP. Telemadrid facturó 10,87 millones en una década, ocho veces más que TVE, pese a que su audiencia era infinitamente inferior. En prensa escrita el medio más premiado por el Canal de Isabel II fue ABC, con 2,31 millones, La Razón percibió 1,87, El Mundo 1,54 y el grupo Intereconomía 1,38 millones.
Incumplimiento de la normativa
La lista de casos sospechosos es tristemente larga. La publicidad institucional se enmarca dentro de la obligación de las administraciones de informar a la ciudadanía sobre sus derechos y obligaciones, del funcionamiento de las instituciones públicas y los servicios que prestan, además de cualquier otra información sobre aspectos de la cosa pública que se considere que deben ser informados.
Sin embargo, como hemos visto, el millonario pastel se utiliza con fines bien distintos y muchos recurren a tortuosos caminos para saltar la escasa normativa que se ha creado para preservar la equidad en la distribución.
Esto se solucionaría con mayor rigor en la aplicación y con mayor transparencia y decencia. Sin embargo consideramos que se está perdiendo una oportunidad para aplicar esos fondos de forma paralela a la función publicitaria y contribuir al Derecho a la Información siempre, claro, con la misma transparencia y decencia exigibles
Mientras esperamos que se den las circunstancias para poder afrontar este debate con la necesaria madurez intelectual, se pueden llevar a cabo actuaciones para empezar a enmendar la dejación de funciones de las autoridades públicas españolas, respecto al derecho a la información y la pluralidad informativa, un problema que como señalan las autoridades del Consejo de Europa, es el mayor enemigo de la libertad de expresión.
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