CSIF ha instado al Ayuntamiento de Galapagar a negociar el Convenio-Acuerdo para los trabajadores

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha instado al Ayuntamiento de Galapagar a sentarse a negociar de una vez por todas el Convenio-Acuerdo para todos los empleados públicos de este municipio, en vez de publicar comunicados a sus reivindicaciones laborales.

CSIF va a recurrir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, número 30 de Madrid que rechaza los recursos del CSIF y CPPM contra una instrucción de este Ayuntamiento sobre control horario, permisos, licencias, vacaciones o baja IT. A nuestro juicio el fallo no entra a valorar si los trabajadores tienen razón en cuanto a sus reivindicaciones laborales, sino si la Administración puede dictar instrucciones para regular determinados aspectos de las condiciones de trabajo.

Valoran interponer recurso de apelación

Este fallo no ha entrado a valorar la cuestión de fondo planteada, que no es otra que la necesidad de que el Ayuntamiento de Galapagar negocie unas condiciones de trabajo no basadas en la unilateralidad, sino en la negociación y el consenso, porque dado que no es una sentencia firme, los departamentos jurídicos de los sindicatos recurrentes, valorarán la posibilidad de interponer recurso de apelación.

Por último, la sentencia no deslegitima en modo alguno las protestas y manifestaciones de los trabajadores del Ayuntamiento. Al contrario, abundan en la necesidad de que dejen de regularse las condiciones de trabajo mediante instrucciones y se negocie en Convenio Acuerdo.

Los únicos que están demostrando que se interesan por los problemas de los ciudadanos son los trabajadores, que se están reuniendo con ellos para explicarles, con luz y taquígrafos, la situación. Son los únicos que están pidiendo y tendiendo la mano para una negociación que lleva años sin producirse. Y son los únicos que viven en primera persona los riesgos derivados de la inacción del Gobierno, mientras este se dedica a intentar confundir a la opinión pública interpretando de manera imposible las sentencias que se producen.